La oposición denunció que se mantuvo el artículo 209 fracción IX, que otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad para suspender la transmisión de publicidad extranjera, una puerta trasera para la censura selectiva
Por Félix Muñiz
En un movimiento que ha encendido las alarmas entre especialistas, legisladores de oposición y defensores de derechos digitales, el pleno del Senado aprobó este sábado el dictamen de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum que propone una profunda reestructuración del sector, con implicaciones que críticos ya catalogan como una amenaza directa a la libertad de expresión y a la autonomía institucional.
Uno de los puntos más polémicos del dictamen es la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo que hasta ahora garantizaba la imparcialidad en la regulación del espectro radioeléctrico, los medios y las telecomunicaciones.
En su lugar, se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un ente subordinado al Ejecutivo Federal, lo que ha sido interpretado por la oposición como una maniobra autoritaria para centralizar el control mediático.
Aunque se eliminó el artículo 109, que abría la puerta al bloqueo temporal de plataformas digitales, se mantuvo el artículo 209 fracción IX, que otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad para suspender la transmisión de publicidad extranjera, una puerta trasera para la censura selectiva.
El gobierno lo vende como una garantía a la soberanía comunicacional, pero los críticos advierten: es un mecanismo político disfrazado de regulación cultural.
El presidente del PRI, Alejandro Moreno, fue particularmente duro en su crítica:
“Esto no es una reforma, es un manual autoritario. Morena está construyendo un ‘Big Brother del Bienestar’ para vigilar, silenciar y castigar. La ATDT no será un regulador técnico, será un instrumento de control político del régimen”.
Moreno calificó a los legisladores de Morena como “lacayos, esbirros y esquiroles”, y advirtió que esta nueva legislación sienta las bases de un régimen dictatorial, que espía y amedrenta a los ciudadanos, mientras destruye toda posibilidad de crítica libre en los medios tradicionales y digitales.
Desde el PAN, Ricardo Anaya coincidió en el tono:
“Esta ley pone una pistola en la cabeza de televisoras y radiodifusores. El mensaje es claro: o te alineas o te callas. Es la expresión más cruda de la vena autoritaria de Morena”.
Si bien la iniciativa incorpora innovaciones como esquemas de uso compartido del espectro, concesiones comunitarias y regulación satelital, estos avances quedan empañados por el trasfondo centralista y punitivo de la ley.
La nueva estructura permite que una sola persona concentre amplias atribuciones, desde licencias hasta supervisión operativa, lo cual fue parcialmente rectificado, pero sigue generando desconfianza.
La creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), integrada por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, suena plural, pero los equilibrios institucionales quedan en entredicho si todos los nombramientos provienen del mismo poder.
Aunque algunos legisladores oficialistas como Javier Corral defendieron que la ley no contiene elementos de censura previa, la percepción de fondo es clara: la libertad de expresión en México ha sufrido otro golpe.
El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados. Pero lo que está en juego no es solo una reforma, sino el futuro de la democracia comunicacional del país.