La oposición califica la reforma como una “simulación” disfrazada de modernización, acaban con la transparencia y está en riesgo la información de 2.6 millones de contratos.
Por Félix Muñiz
El pleno del Senado de la República aprobó una reforma significativa en materia de contrataciones públicas, mediante la cual se expide una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se modifica la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la sustitución del sistema electrónico CompraNet por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, una herramienta que, de acuerdo con el dictamen, busca modernizar y agilizar los procesos de contratación del gobierno federal.
La nueva normativa introduce tres nuevas figuras de contratación: Oferta Subsecuente de Descuento o Subasta Inversa, Diálogo Competitivo y Adjudicación Directa con Estrategia de Negociación.
En el caso de la Subasta Inversa, los licitantes podrán presentar ofertas económicas iniciales y realizar posteriormente propuestas con descuentos adicionales. Esta figura se aplicará en procedimientos de invitación a por lo menos tres participantes y en investigaciones de mercado para adjudicaciones directas.
El Diálogo Competitivo plantea un proceso en dos etapas, en el que las dependencias gubernamentales entablan conversaciones con posibles proveedores para diseñar soluciones conjuntas que respondan mejor a las necesidades institucionales.
Por su parte, la Adjudicación Directa con Estrategia de Negociación se perfila como un procedimiento abreviado y de excepción, al margen de la licitación pública y de la invitación a tres. Esta modalidad pretende optimizar tiempos en contrataciones específicas.
La reforma también contempla la creación de la “Tienda Digital” del gobierno federal, que funcionará como un módulo dentro de la nueva plataforma. Este canal facilitará adquisiciones rápidas y directas de bienes y servicios de uso común, como agua embotellada o artículos de oficina, mediante órdenes de suministro.
Sin embargo, la iniciativa no estuvo exenta de críticas. Legisladores de oposición manifestaron su rechazo, señalando que la reforma podría abrir la puerta a una mayor discrecionalidad y falta de transparencia en las contrataciones públicas.
La senadora Cristina Ruiz (PRI) calificó la reforma como una “simulación” disfrazada de modernización. “Morena quiere disfrazar de innovación lo que es en realidad un sistema cerrado y opaco”, advirtió.
Desde el PAN, la senadora Imelda Sanmiguel afirmó que “sin transparencia, estas nuevas reglas son inútiles” y acusó que el oficialismo “presume” la impunidad.
El coordinador de los senadores Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda, expresó preocupación por la posible pérdida de información crítica con la desaparición de CompraNet, sistema que, dijo, albergaba registros de 2.6 millones de contratos por un valor de 9.9 billones de pesos. Alertó también sobre el riesgo de incrementar el favoritismo y la infiltración del crimen organizado en las contrataciones.
A favor del dictamen, el senador de Morena, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, defendió que este marco jurídico abona a la transparencia y al combate a la corrupción, además de que respeta el dinero que aporta el pueblo mexicano para que no haya dispendio ni robo al presupuesto, pues, afirmó, la reforma está fundamentada en los principios del humanismo mexicano.
La reforma establece que la información en la nueva plataforma deberá conservarse por un periodo mínimo de cinco años, lo que, según críticos, podría resultar en la pérdida de datos históricos relevantes.
El decreto fue remitido al Ejecutivo Federal para su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso que marcará la entrada en vigor de esta reforma en materia de adquisiciones y obras públicas.