Adelantó que si la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la fiscalía general es para desaparecer su autonomía y poner a alguien a modo
Por Félix Muñiz
La reciente denuncia de la senadora Claudia Anaya Mota (PRI) expone una falla grave, casi escandalosa, en la operación del Senado de la República: afirma que la Junta de Coordinación Política ( JUCOPO ) habría “ocultado” la orden del día de la sesión extraordinaria convocada supuestamente para debatir la eventual destitución del Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero.
La legisladora del PRI por el Estado de Zacatecas Claudia Anaya, esta orden del día no fue aprobada por la mesa directiva como marca el reglamento interno.
En entrevista con los medios de comunicación que cubren el Senado, la senadora fue clara: “Mire, no tenemos versiones. La mesa directiva aprueba las órdenes del día … y para el caso de esta sesión no hubo reunión de la mesa directiva, es decir, la orden del día que circula … no está aprobada por la mesa directiva como marca el reglamento.” Esa admisión desnuda un atropello institucional: se pretende someter al pleno a un esquema de decisiones construidas a espaldas del procedimiento formal.
Durante la entrevista, Anaya recalcó que fue sólo bajo su —insistente— presión que finalmente mandaron la orden del día, pero advirtió que no consta ninguna aprobación oficial: “no está aprobada por la mesa esa orden del día, pues parece nada más una pelota de playa para distraernos … que todo parece indicar que es un tema relacionado con la Fiscalía.” Es decir: una estrategia de semblante democrático que busca disfrazar intenciones de remoción con apariencia de legalidad, cuando en realidad no existe base reglamentaria.
Más grave aún: la versión de una renuncia de Gertz Manero, que circula como justificación del empujón para convocar la sesión, carece de fundamento procesal. “No creo que el fiscal haya mandado una carta de renuncia al Senado —si la hubiese mandado, hubieran tenido que dar vista al pleno,” advirtió la senadora.
Y subrayó que en ninguna reunión de mesa directiva se informó sobre la llegada de tal notificación. Ese silencio deliberado, esa omisión sistemática, constituye un atentado a la transparencia y al derecho de todos los senadores (y de la ciudadanía) a saber, qué documentos ingresan al procedimiento.
La acusación es contundente: la presunta reserva de documentos por parte de la presidenta de mesa directiva —con el respaldo de la mayoría de Morena— desmantela el principio de colegialidad. Como advirtió Anaya: “aquí no es su casa para que hagan lo que quieran los de Morena.” Es una denuncia de autoritarismo parlamentario: si quieren destituir a un Fiscal por conveniencia política, al menos que lo hagan respetando las reglas.
Si la supuesta renuncia de Gertz Manero se concreta, no hay garantías de que haya sido libre u honesta. La política zacatecana Anaya Mota, no descarta que la presión viniera desde el gobierno, como un acto más de ese “hiperpresidencialismo” que tanto daña a la división de poderes: “¿Quieres ser autónomo? ¿Quieres hacer lo que tu función constitucional te dice sin consultar a la presidencia? Te quito, te muevo, pongo quien me convenga.” En ese contexto, el intento de remover a Gertz Manero dejaría de ser un asunto institucional para convertirse en un cálculo político, en un coptamiento de la FGR.
Aunado a lo anterior, el entorno mediático y los comunicados oficiales contradicen la narrativa de la renuncia. La titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, admitió haber recibido un documento del Senado, pero se negó a confirmar que se trate de una carta de renuncia del Fiscal, y señaló que éste no le ha manifestado su intención de dejar el cargo.
Por ello, resulta razonable —y urgente— exigir transparencia plena: que se presente públicamente la orden del día, su acta de aprobación, las notificaciones recibidas, las actas de reunión de mesa, el supuesto documento de renuncia (si existe) y, en su caso, la causa grave que justificaría una destitución. Si no se cumple con ese mínimo, cualquier sesión extraordinaria convocada carece de validez democrática.
Este episodio demuestra cómo se usan los órganos del Estado para maniobras subrepticias, cómo se pretende legitimar decisiones con opacidad y cómo se erosiona el Estado de derecho con pactos al interior de grupos parlamentarios.