Designaciones de magistrados generan severas críticas por su falta de independencia y vínculos con el poder político
Por Félix Muñiz
El Senado de la República consumó este miércoles un nuevo golpe a la independencia judicial al ratificar los cambios a la Ley de Amparo y aprobar con 82 votos a favor, 34 en contra y una abstención, la designación de cinco nuevos magistrados para la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Bajo una mayoría oficialista disciplinada, el pleno avaló perfiles fuertemente cuestionados por su falta de trayectoria jurisdiccional, su cercanía al Ejecutivo federal y su subordinación a intereses partidistas.
Entre los ratificados se encuentran Eduardo Santillán Pérez, ex jefe delegacional de Álvaro Obregón y operador político de Morena, y José Ramón Amieva Gálvez, ex jefe de Gobierno sustituto de la Ciudad de México. Ambos perfiles fueron señalados como eminentemente políticos, sin experiencia sólida en materia fiscal o administrativa, y sin cumplir los requisitos que exige la Ley Orgánica del TFJA, como los ocho años mínimos de experiencia jurisdiccional.
La senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, fue enfática:
“El Tribunal fue creado para juzgar al gobierno, no para servirle. Hoy, con estas designaciones, se le convierte en un apéndice del poder político. No más lealtades disfrazadas de mérito”.
Ruiz denunció que Santillán jamás ha ejercido funciones jurisdiccionales y que su nombramiento es un pago a la lealtad partidista, no un reconocimiento al mérito jurídico. Sobre Amieva, señaló que su paso por la función judicial fue “breve y subordinado”, insuficiente para garantizar imparcialidad.
Desde el PAN, el senador Raymundo Bolaños Azócar fue aún más directo:
“Estos no son magistrados, son empleados de la Presidenta. Cada uno responde al proyecto del Morenato. Estamos ante una captura institucional del Poder Judicial”.
La ratificación ocurre en un contexto alarmante: los cambios recientes a la Ley de Amparo, también aprobados por el Senado, limitan la figura de la suspensión del acto reclamado y restringen el interés legítimo de los ciudadanos para acudir al amparo. Estos ajustes han sido señalados por múltiples especialistas y legisladores como regresivos, inconstitucionales y peligrosos para los derechos humanos.
Para la senadora Claudia Anaya Mota (PRI), el proceso de ratificación fue apresurado, opaco y sin el análisis riguroso que exige un cargo de tal relevancia. Pidió regresar el dictamen a comisiones ante el evidente incumplimiento de los requisitos legales y éticos de algunos de los designados.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, denunció que estas designaciones son parte de un plan sistemático para desmantelar el Poder Judicial y subordinarlo al Ejecutivo:
“El régimen quiere jueces obedientes, no independientes. Lo que está en juego no es un tribunal, es el equilibrio del poder en México”.
Mientras tanto, el oficialismo argumenta que las vacantes en la Sala Superior llevaban años sin ocuparse y que estos nombramientos son clave para garantizar la continuidad de los procesos judiciales.
Pero el trasfondo es claro: el Senado ratifica cambios a la Ley de Amparo y designa magistrados bajo sospecha, en un proceso que para amplios sectores no representa justicia, sino una simulación que debilita el Estado de derecho. La justicia fiscal y administrativa, en manos del poder político.