Con 86 votos de los partidos Morena, PT y Verde ecologista y 42 de la oposición PAN, PRI y MC la democracia entra en reversa
Por Félix Muñiz
El pleno del Senado de la República ratificó la extinción de siete organismos constitucionalmente autónomos (OCA’s), una medida que forma parte del controvertido plan conocido como el “Plan C”, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma fue aprobada y enviada a las legislaturas locales para su implementación constitucional.
Los organismos que desaparecerán como entes autónomos son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
La eliminación de estos organismos autónomos tiene como objetivo generar un ahorro de aproximadamente 4,422 millones de pesos, que serán destinados al Fondo de Pensiones del Bienestar.
En su lugar, se creará un órgano desconcentrado que asumirá las funciones de la Cofece y el IFT. Este nuevo organismo dependerá directamente del gobierno pero contará con independencia técnica y operativa, además de tener personalidad jurídica y patrimonio propio.
Su principal tarea será velar por la libre competencia y la eliminación de barreras a la competencia en los mercados.
El debate en el Senado fue intenso. La oposición, encabezada por diversos legisladores de partidos como el PAN y el PRI, se mostró en contra de la reforma, argumentando que la desaparición de estos organismos representa un retroceso para la democracia y el fortalecimiento de un modelo de gobierno centralista.
El legislador panista Marko Cortés Mendoza, criticó duramente la reforma, advirtiendo que este cambio centraliza el poder y amenaza la transparencia. Según él, la reforma busca consolidar un “hiperpoder presidencial”, lo que permitiría al gobierno controlar la información y obstaculizar la lucha contra la corrupción.
Manlio Fabio Beltrones, exlíder del PRI, señaló que la eliminación de estos órganos autónomos debilita el Estado plural y devuelve al gobierno un poder excesivo, similar al “ogro filantrópico” que tanto costó erradicar en México.
Por su parte, los senadores de Morena defendieron la reforma, asegurando que los organismos autónomos no cumplieron con su propósito de servir al pueblo y que, en cambio, fomentaron la opacidad y la corrupción. Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que estos organismos no fueron eficaces y que, entre 2018 y 2024, recibieron recursos públicos sin generar beneficios tangibles para la ciudadanía.
Uno de los puntos más controversiales fue el destino de los órganos que regulaban sectores clave como las telecomunicaciones, la competencia económica y la energía. Con la reforma aprobada, las funciones del IFT y la Cofece se fusionarán en un solo órgano, mientras que las competencias de la CNH y la CRE se trasladarán a la Secretaría de Energía. Además, el Coneval y Mejoredu verán sus funciones absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Educación, respectivamente.
Mientras tanto, Luis Donaldo Colosio, del Movimiento Ciudadano, subrayó que esta reforma atenta contra la democracia participativa y limita la capacidad de la ciudadanía para supervisar al gobierno.
Con esta reforma, también se cierran las puertas a la inversión privada en concesiones de litio, al estipular que la empresa pública de Estado tendrá prevalencia en este sector estratégico.
La ratificación de esta reforma marca un cambio significativo en la estructura gubernamental de México, con implicaciones a largo plazo en la relación entre el gobierno y la sociedad, así como en la supervisión de las políticas públicas.