La iniciativa amplía el concepto de víctima directa para incluir legalmente a familiares y colectivos de personas desaparecidas
Por Félix Muñiz
El senador del PRI Pablo Angulo Briceño, presentó una iniciativa que busca reformar los artículos 4 y 9 de la Ley General de Víctimas con el objetivo de otorgar un reconocimiento legal como víctimas directas a las Madres Buscadoras y sus colectivos.
La propuesta plantea que familiares de personas desaparecidas, incluidos padres, hijos, abuelos y hermanos, reciban protección integral y acceso a la reparación del daño por parte del Estado mexicano.
De acuerdo con el legislador priista Pablo Angulo, es urgente que el marco jurídico nacional se adecúe para brindar a estos colectivos el respaldo institucional que merecen. “Es necesario que el Estado brinde efectividad a las madres en su reconocimiento como víctimas, en un entendido eficiente y capaz de brindarles las medidas necesarias, como se acredita en el marco jurídico”, señala el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La iniciativa destaca la importancia del papel que las Madres Buscadoras han desempeñado en visibilizar la crisis de desapariciones en México. A pesar de su labor humanitaria, muchas de estas mujeres enfrentan violencia, amenazas y asesinatos. Entre 2021 y 2024, se registraron 22 asesinatos de personas buscadoras, de las cuales 15 ocurrieron durante la presente administración. Ocho de estas víctimas eran mujeres, lo que subraya la urgencia de su protección legal.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es ampliar el concepto de víctima directa. No solo se reconoce a la persona desaparecida o afectada directamente, sino también a sus familiares consanguíneos y por afinidad, sin importar el grado de parentesco en línea recta. Esto incluye a madres, padres, hijos, abuelos y hermanos, quienes a menudo lideran las búsquedas y enfrentan los riesgos asociados.
Asimismo, se propone que los colectivos de búsqueda sean reconocidos legalmente y cuenten con acceso a medidas integrales de asistencia, atención, protección y reparación. El planteamiento incluye mecanismos de apoyo político, económico, social, cultural y de seguridad, tanto por parte del gobierno federal como de las entidades federativas.
La iniciativa del senador por el Estado de Campeche Angulo Briceño también se alinea con los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, particularmente con la Agenda 2030 de la ONU y su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que promueve la paz, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones públicas.
Con esta reforma, el legislador busca garantizar que quienes enfrentan la dolorosa desaparición de un ser querido no lo hagan en el abandono institucional. El reconocimiento como víctimas directas abriría la puerta a programas de acompañamiento psicológico, jurídico y económico, además de brindar protección efectiva frente a amenazas o represalias.
La iniciativa se encuentra en análisis legislativo y forma parte de un debate más amplio sobre el rol del Estado frente a la creciente crisis de desapariciones en México, así como la urgencia de proteger a quienes, por amor y desesperación, se ven obligadas a buscar a sus familiares con sus propios medios.