En México, el promedio nacional de accesibilidad digital en portales estatales es de 61.14%
Por Félix Muñiz
Con una visión orientada a la inclusión y a la igualdad de derechos, la senadora del PRI Claudia Edith Anaya Mota presentó una iniciativa de reforma para garantizar la accesibilidad digital universal a las personas con discapacidad en México.
La propuesta de la legisladora priista por el Estado de Zacatecas Claudia Anaya plantea cambios y adiciones a la legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con el objetivo de asegurar que los servicios digitales se diseñen bajo principios de accesibilidad, no discriminación y diseño incluyente.
La iniciativa parte de una realidad documentada por organismos internacionales como la UNESCO, que advierte que las personas con discapacidad tienen 2.5 veces más probabilidades de no asistir a la escuela en comparación con el resto de la población.
A esta problemática se suma la exclusión digital, acentuada por brechas tecnológicas y de género: de acuerdo con datos citados en la propuesta, el 80 por ciento de los programas informáticos se desarrollan en equipos integrados únicamente por hombres, lo que limita la diversidad de enfoques y la inclusión desde el diseño.
Frente a este contexto, la senadora priista subrayó la necesidad de incorporar a la ley conceptos clave como accesibilidad universal, ajustes razonables, tecnologías de asistencia y diseño incluyente. Estos principios permitirían que plataformas digitales, aplicaciones, servicios de comunicación y contenidos audiovisuales sean utilizables por todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación del Servicio de Relevo mediante protocolo de internet, una herramienta que facilitaría la comunicación de personas con discapacidad auditiva o del habla, a través de intérpretes en línea. Este mecanismo fortalecería la autonomía, la interacción social y el acceso a servicios públicos y privados en igualdad de condiciones.
La propuesta también establece que las personas con discapacidad tengan prioridad en la recepción de alertas por desastres naturales y emergencias, acompañadas de protocolos específicos de atención accesible. De igual forma, se plantea que los concesionarios de telecomunicaciones presenten informes públicos anuales en los que detallen las acciones implementadas para cumplir con los estándares de accesibilidad digital.
Entre las obligaciones concretas que contempla la iniciativa se encuentran la disponibilidad de catálogos de equipos accesibles, interfaces compatibles con lectores de pantalla, sistemas de texto en tiempo real, menús simplificados y materiales informativos en braille, audio, lectura fácil y Lengua de Señas Mexicana. Estas medidas buscan eliminar barreras tecnológicas y garantizar que nadie quede excluido del entorno digital.
Desde el Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa ha sido presentada como una apuesta por la justicia social y la modernización incluyente. La senadora Anaya Mota enfatizó que la accesibilidad digital no debe entenderse como un beneficio adicional, sino como un derecho fundamental.
“La accesibilidad digital no constituye un privilegio, sino un derecho. Su garantía implica cerrar brechas y asegurar igualdad real en el acceso a la información y a los servicios públicos”, concluyó la legisladora, al destacar que esta reforma coloca a México en la ruta de una transformación digital con rostro humano y enfoque de derechos.