Este periodo extraordinario va a pasar a la historia como uno de los más oscuros en la historia moderna de nuestro país: Ricardo Anaya
Por Félix Muñiz
En un contexto marcado por tensiones políticas y preocupaciones ciudadanas sobre la privacidad, la bancada del PAN en el Senado de la República fijó una postura firme y crítica ante el cierre del periodo extraordinario en el Senado: apoyar una Ley de Seguridad Pública que fortalezca a las instituciones, pero rechazar tajantemente la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, a la que calificaron como una herramienta de espionaje del gobierno.
El coordinador de los senadores panistas en la Cámara Alta, Ricardo Anaya Cortés, fue contundente al señalar que este periodo legislativo “pasará a la historia como el más oscuro en tiempos recientes, por la consolidación del ‘gobierno espía’”.
Si bien Acción Nacional votó a favor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo hizo dijo Anaya, reconociendo que la estrategia de seguridad del actual gobierno, basada en “abrazos y no balazos”, ha sido un rotundo fracaso.
“Respaldamos lo que sí construye: la creación del gabinete de seguridad, las mesas de paz, la certificación policial y la eliminación del padrón de usuarios de telefonía móvil”, puntualizó el líder panista. Sin embargo, el mismo énfasis que dedicó a los avances en seguridad, lo aplicó para alertar sobre los riesgos que implica la nueva Ley de Investigación e Inteligencia, la cual aseguró “representa el último clavo al ataúd de la privacidad en México”.
¿Por qué el GPPAN vota en contra de la Ley de Investigación e Inteligencia?
El GPPAN sostiene que esta ley facilita la vigilancia masiva del gobierno sobre ciudadanos comunes. Anaya hizo un recuento de las leyes impulsadas por Morena que, según el PAN, han minado las garantías de privacidad. Entre ellas, destaca:
La geolocalización sin orden judicial, que permite rastrear dispositivos sin autorización previa.
La obligación de entregar la CURP biométrica para contratar servicios como telefonía móvil, hospedaje, plataformas digitales (Uber, Rappi) o incluso trámites cotidianos como la licencia de conducir o el contrato de servicios básicos.
El artículo 91 sexties de la Ley General de Población, que exige que todos los registros asociados a trámites y servicios incluyan la CURP biométrica.
Facultades ampliadas a la Secretaría de Hacienda, que ahora podrá acceder a bases de datos sensibles, como las del INE o la Guardia Nacional, bajo la Ley Antilavado.
“El veneno del gobierno espía se ha esparcido en múltiples leyes. Esto no es una casualidad, es una estrategia coordinada”, advirtió Anaya, quien también cuestionó la falta de contrapesos ante estas medidas.
La posición del PAN no es de simple oposición, sino de crítica con responsabilidad democrática. Reconoce avances cuando los hay (como en la reconfiguración del Sistema Nacional de Seguridad Pública), pero levanta la voz cuando el riesgo es mayor: el uso del aparato estatal para vigilar a ciudadanos sin control judicial ni transparencia.
En un momento donde la tecnología avanza a pasos acelerados, el llamado del PAN es claro: la seguridad no debe usarse como pretexto para violar derechos fundamentales. El reto es lograr un equilibrio real entre proteger a la población y garantizar las libertades individuales en una democracia constitucional.