Manifestaron que “están dando la cara y si hay irregularidades, que las cancelen”
Por Félix Muñiz
En medio del clima de tensión que acompaña el debate nacional sobre la nueva Ley General de Aguas, los senadores del PAN Miguel Márquez y Francisco Ramírez Acuña salieron al paso de los señalamientos que los acusan de ser “acaparadores de agua”. Ambos exgobernadores (de Guanajuato y Jalisco, respectivamente) reconocieron abiertamente que poseen concesiones, pero defendieron su legalidad y aseguraron que no tienen nada que ocultar. El mensaje fue directo: “el que nada debe, nada teme”.
La controversia surge en un contexto político donde desde el oficialismo se intenta instalar la narrativa de que cualquier productor con concesiones es un privilegiado o un acaparador. En ese escenario, los senadores panistas respondieron con cifras, antecedentes familiares y el peso de décadas de trabajo agrícola.
Ramírez Acuña, productor de limón en Tototlán, Jalisco, detalló que su concesión —señalada falsamente como de 25 mil metros cúbicos— corresponde a una superficie de 27 hectáreas, que para producir alimentos requiere al menos 260 mil metros cúbicos de agua, según lo que establece la normatividad y la propia Comisión Nacional del Agua. Explicó que su producción anual ronda las 300 toneladas de limón, parte de las cuales se exportan y otra parte abastece el consumo nacional.
El exgobernador fue enfático: la concesión le fue otorgada antes de ocupar un cargo público, siguiendo todos los trámites de ley. “Tenemos totalmente la conciencia tranquila.
Es agua que sirve para producir alimentos para México. Y si hubiera alguna irregularidad, que me la cancelen. No tengo ningún problema”, subrayó.
Añadió que no existe “ningún acaparamiento de agua” y que tanto él como quienes lo acompañan están dispuestos a que cualquier autoridad revise, inspeccione y verifique. “Estamos dando la cara; no hay condiciones en las que pudiéramos tener algo que ocultar”, remató.
Por su parte, el senador Miguel Márquez también respondió a los señalamientos, y lo hizo con la misma contundencia. Dijo que posee dos concesiones, ambas heredadas y plenamente regularizadas. Una de ellas supera los 50 años y pertenece al patrimonio familiar, asignada originalmente a su padre. “Mi padre, poco antes de morir, pidió que yo me encargara de esta concesión para apoyar a mis hermanos. Es para 151 mil metros cúbicos, destinados al riego de 30 hectáreas. Nada del otro mundo”, explicó.
La segunda concesión, con alrededor de 15 años, proviene del lado materno y corresponde a un pozo que abastece 15 hectáreas. Márquez aclaró que estas dimensiones son similares a las de cualquier pequeño propietario o ejidatario del país. “No somos acaparadores. El agua se usa estrictamente para riego agrícola. Todo está en regla”, sostuvo.
El legislador también abrió la puerta a cualquier verificación: “Si mañana quieren revisar, que vayan. Que lleguen de sorpresa si quieren. El que nada debe, nada teme”.
En un momento en que el gobierno insiste en criminalizar al productor y usar la nueva Ley de Aguas para centralizar el control del recurso, los senadores del PAN exigen que el debate no se distorsione: poseer una concesión legal, dicen no es un delito, es una herramienta para producir alimentos. Y en esa defensa, dejaron claro que ellos, a diferencia de otros, no tienen nada que esconder.