Denuncian que a Mirna de 80 años de edad le detuvieron su pensión del Bienestar por no pagar un crédito por una emergencia de salud
Por Félix Muñiz
Los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezados por Carolina Viggiano Austria, hicieron un urgente llamado al Senado para descongelar una iniciativa de reforma que busca proteger las pensiones del bienestar y blindar los programas sociales contra abusos de financieras.
La propuesta, presentada originalmente en 2020 y aprobada en la Cámara de Diputados hace 3 años, ha sido un tema de discusión durante años, pero hasta el momento no ha sido dictaminada, lo que está generando preocupación entre los beneficiarios de los programas sociales, especialmente entre los adultos mayores.
En una conferencia de prensa, Viggiano Austria subrayó que la falta de acción legislativa sobre la reforma es una “omisión inaceptable” que afecta directamente a millones de mexicanos.
Recordó que la propuesta fue aprobada en la Cámara de Diputados en 2022 con un amplio respaldo, obteniendo 459 votos a favor. Sin embargo, a pesar del consenso en la Cámara baja, la iniciativa sigue pendiente de discusión en el Senado desde su turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
La senadora priista enfatizó que esta reforma es esencial para proteger el derecho a la seguridad social, especialmente para las personas que dependen de pensiones y apoyos sociales como los otorgados a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.
La legisladora priista por el Estado de Hidalgo Viggiano Austria lamentó que sin esta reforma, las pensiones del bienestar, que deberían ser intocables, están siendo vulnerables a prácticas abusivas de las financieras y los mecanismos legales que permiten su congelamiento.
El caso de Mirna, una mujer pensionada del ISSSTE y beneficiaria de los programas del bienestar, fue citado como ejemplo de los efectos devastadores que los abusos financieros pueden tener sobre las personas vulnerables.
Reseñaron que Mirna solicitó un crédito para hacer frente a una emergencia médica, pero al intentar cobrar su pensión, descubrió que su cuenta había sido congelada debido a una orden judicial emitida a solicitud de una financiera, que alegaba que la mujer debía una deuda que había aumentado de manera indebida debido a cargos ocultos e intereses excesivos.
Según Carolina Viggiano, este tipo de situaciones pone en riesgo la vida de los beneficiarios, como es el caso de Mirna, quien sufrió un grave deterioro en su salud debido a este problema.
También estuvo presente en la conferencia de prensa, para respaldar la causa, el movimiento El Barzón, representado por Teresa Carbajal Vázquez, quien es parte de la organización en Veracruz, La activista aclaro que El Barzón no promueve la evasión de deudas, sino que aboga por condiciones justas y claras en los contratos de crédito.
Expuso que muchas de las financieras operan de manera abusiva, condicionando a los adultos mayores a firmar pagarés en blanco, inflando las deudas y utilizando el sistema judicial para ejecutar embargos sin una revisión adecuada.
El Barzón ha estado trabajando en la defensa jurídica de casos como el de Mirna, ayudando a exponer las irregularidades en los procedimientos judiciales y financieros. Carbajal Vázquez hizo un llamado a los legisladores para que se establezcan foros de discusión que involucren a la sociedad civil y que permitan crear reformas legislativas que protejan las pensiones del bienestar y pongan fin a la usura de las financieras.
Además, la representante de El Barzón destacó que, en algunos estados, como Veracruz, las financieras han logrado acuerdos con el gobierno local para hacer descuentos exorbitantes de hasta el 100% de los salarios de trabajadores y pensionados, lo que agrava aún más la situación económica de los beneficiarios de pensiones.
Ante esta realidad, los senadores del PRI reiteraron su llamado al Senado para que se dé un dictamen a la minuta pendiente y se protejan los derechos de los más vulnerables. La reforma propuesta es vista como una herramienta clave para garantizar que los apoyos sociales no sean secuestrados por intereses externos y que se pongan en marcha mecanismos más estrictos para regular las actividades de las financieras en el país.