El letal avance de los nitazenos en México deja en evidencia la negligencia criminal del gobierno federal
Por Félix Muñiz
Mientras el país enfrenta una de las crisis de salud pública más graves y silenciosas en décadas, el gobierno federal permanece impasible.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió un punto de acuerdo urgente presentado por el Grupo Parlamentario del PRI, que exige al Ejecutivo una respuesta inmediata ante la proliferación de los nitazenos, una nueva y peligrosísima clase de opioides sintéticos hasta 40 veces más potentes que el fentanilo. Y sin embargo, el silencio oficial es ensordecedor.
Esta droga, que ya ha cobrado vidas en Estados Unidos, Canadá y Europa, circula sin control alguno en México. A pesar de los reportes documentados por medios internacionales y nacionales como El País y Dossier Político el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y su administración de salud no han movido un solo dedo con la seriedad y urgencia que la situación exige.
Los legisladores del PRI no se anduvieron con rodeos: México carece de insumos básicos para detectar los nitazenos, como tiras reactivas especializadas y el personal médico no cuenta con capacitación para responder ante una sobredosis por estas sustancias.
Lo más alarmante: la naloxona, antídoto tradicional, resulta casi inútil sin múltiples dosis mucho más elevadas. La realidad es brutal: los hospitales no están preparados, los médicos están desinformados y el sistema de salud simplemente no tiene un plan.
¿Dónde está la Secretaría de Salud? ¿Dónde está COFEPRIS? ¿Qué hace la Secretaría de Seguridad? Las autoridades han sido omisas, negligentes y cómplices por omisión ante una amenaza inminente.
El punto de acuerdo exige protocolos urgentes de detección, prevención, capacitación, distribución de medicamentos y cooperación internacional, pero a la fecha, la respuesta del gobierno ha sido la de siempre: ignorar, minimizar, distraer.
Los nitazenos, desarrollados originalmente en los años 50 con fines médicos, se han transformado en un veneno callejero, mezclados con fentanilo, metanfetaminas y medicamentos falsificados. Los cárteles los están moviendo ya por territorio nacional. ¿Qué espera el gobierno? ¿Un conteo masivo de muertes antes de actuar?
La crítica no es solo legítima, es urgente. Este no es un tema de partidos ni de grillas legislativas: es una emergencia de salud pública ignorada deliberadamente por un gobierno más preocupado por su narrativa política que por la vida de los mexicanos.
“No hay tiempo que perder: se debe actuar antes de que esta droga cobre vidas en silencio”, sentenciaron los senadores del PRI en su propuesta legislativa. Y tienen razón. Lo contrario es condenar a México a otra crisis evitable, con un saldo mortal y una vez más, impune.
El país necesita acción. El gobierno, otra vez, no está a la altura.