Es atroz, es de terror, es vergonzoso y es la peor crisis humanitaria en la Historia de México”: Alejandro Moreno
Por Félix Muñiz
En respuesta al reciente hallazgo del narco-rancho en Teuchitlán, Jalisco, donde se descubrieron atrocidades que conmocionaron al país, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado ha presentado una iniciativa de ley destinada a reforzar las políticas de seguridad en México.
La propuesta busca reformar el Código Penal Federal para tipificar los delitos de reclutamiento forzado y la operación de campos de exterminio, ante la creciente crisis de violencia que azota al país.
Los senadores del PRI hicieron una firme protesta al desplegar mantas y colocar pares de zapatos en la tribuna, en alusión a los hallazgos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán.
Una manta mostraba la leyenda “Morena den la cara y háganse responsables”, mientras que otra hacía lo mismo con Movimiento Ciudadano, exigiendo que se asuma la responsabilidad por la falta de acción ante esta crisis humanitaria.
La presentación de esta iniciativa se da en un contexto de creciente indignación y frustración por parte de la sociedad mexicana, que clama por una respuesta más eficaz del gobierno ante los horrores de la violencia organizada. Los senadores del PRI, en conjunto con los colectivos de víctimas, demandan que se tomen medidas concretas para erradicar los campos de exterminio y frenar el reclutamiento forzado, que se ha convertido en una de las manifestaciones más crueles de la guerra del narcotráfico en México.
Más tarde en conferencia de prensa el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció la falta de acción por parte del Gobierno Federal ante esta grave situación.
Agregó que la Fiscalía General de la República investigará los hechos ocurridos en Teuchitlán, pero subrayó que esta tragedia ocurrió bajo la mirada del gobierno de Movimiento Ciudadano, sin ninguna intervención efectiva.
“Es atroz, es de terror, es vergonzoso lo que ocurre en México”, afirmó Moreno Cárdenas, quien calificó la crisis de desapariciones como inaceptable y una muestra del fracaso de las políticas de seguridad del gobierno actual.
Además, indicoó que es la peor crisis humanitaria en la Historia de México.
El caso de Teuchitlán, donde se encontraron hornos clandestinos y fosas repletas de cuerpos incinerados, es el último de una serie de incidentes que evidencian la barbarie del crimen organizado en México.
Ante este panorama, la bancada del PRI en el Senado presentó la iniciativa para reformar el Código Penal Federal, incorporando el delito de reclutamiento forzado dentro del capítulo de terrorismo y seguridad nacional.
Esta modificación legal tiene como objetivo sancionar a aquellos que, mediante violencia, engaños o coerción, obliguen a personas a unirse a organizaciones delictivas. Además, se propone la creación de un tipo penal específico para castigar la operación de campos de exterminio y adiestramiento del crimen organizado, responsabilizando no solo a los perpetradores directos, sino también a quienes faciliten la infraestructura o financien estas actividades.
El líder del PRI también hizo un llamado a las fuerzas políticas para aprobar esta reforma con urgencia. “Esto no es un tema de partidos, es una cuestión de justicia, humanidad y decencia”, aseguró. A su vez, criticó al Gobierno de Morena por minimizar la magnitud de la tragedia y desviar la atención de los hechos. “La Fiscalía debe investigar a las autoridades que encubrieron estos hechos”, subrayó.
Como parte de su propuesta, el PRI solicitó la comparecencia de Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que explique qué acciones ha tomado su organismo frente a los hallazgos en Teuchitlán.
En su documento, el PRI exige que se esclarezca qué medidas se han implementado para proteger los derechos humanos de las víctimas y sus familias, especialmente los colectivos de madres buscadoras. Estos grupos, que arriesgan sus vidas en la búsqueda de sus seres queridos, han denunciado el abandono institucional por parte de las autoridades encargadas de velar por la justicia.