Ahora que hagas un trámite ante el gobierno por sencillo que sea o ante un particular no te salvas de entregar la CURP biométrica: Ricardo Anaya
Por Félix Muñiz
En un encendido pronunciamiento desde Mexicali, Baja California, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, lanzó un desafío político de alto calibre a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum: “renunciaría a la dirigencia de su partido si ella logra demostrar que es falso que, con la nueva reforma en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las autoridades mexicanas puedan solicitar la geolocalización en tiempo real de cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial”.
Este reto no es solo una maniobra mediática. Va al corazón de un debate que urge abrir: ¿hacia dónde se encamina México con reformas que, bajo el discurso de la seguridad, abren la puerta a una vigilancia estatal sin precedentes?
El líder nacional panista Jorge Romero también denunció que esta reforma es solo una parte de un esquema más amplio de vigilancia. Mencionó la Ley General de Población, que ahora exige el uso obligatorio de la CURP biométrica para cualquier trámite. Y advirtió que los datos recabados por el gobierno mexicano pueden ser compartidos con potencias extranjeras, particularmente con Estados Unidos.
Romero Herrera no es el único que ha levantado la voz. Legisladores panistas como Ricardo Anaya y Elías Lixa también han advertido que estas reformas acercan peligrosamente al país a una arquitectura de Estado totalitario.
Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortes aseguró que cualquiera que lea la ley de telecomunicaciones que se aprobó hace unos días, puede constatar con sus propios ojos que hoy el gobierno puede pedir tu geolocalización en tiempo real sin una orden judicial para que el gobierno sepa en dónde estás y con quién estas todo el tiempo
Además, agregó, que con la Ley General de Población no se permitirá nunca más que hagas un trámite ante el gobierno por sencillo que sea o ante un particular sin que entregues la CURP biométrica: “Con teclear tu CURP van a poder saber dónde estuviste, qué compraste, dónde te hospedaste, a dónde viajaste”.
El centro del conflicto está en la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que permite a cualquier autoridad de seguridad o procuración de justicia requerir a las compañías telefónicas la ubicación en tiempo real de cualquier persona, sin la intervención de un juez.
Este es un punto de quiebre que requiere más que posturas partidistas: necesita escrutinio ciudadano y debate técnico. Porque mientras el gobierno justifica estas medidas como herramientas para combatir el crimen, el riesgo de abusos, persecución política o vigilancia arbitraria crece. ¿Quién fiscaliza al fiscal? ¿Qué controles existen para evitar el uso discrecional de esta herramienta?
Estas preocupaciones no son infundadas. La interconexión de bases de datos, la geolocalización en tiempo real y la exigencia de identificación biométrica forman un cóctel delicado, especialmente en países con instituciones frágiles o con tendencias autoritarias en el poder.
La crítica de la oposición debe ir más allá del discurso político. Este es el momento ideal para que el gobierno federal y sus opositores abran una mesa de diálogo público, con especialistas en derechos digitales, telecomunicaciones, seguridad y protección de datos. La ciudadanía tiene derecho a saber qué implicaciones reales tiene esta reforma y si existen o no mecanismos que garanticen sus libertades.
Si la intención es mejorar la seguridad, deben establecerse límites claros, controles judiciales y transparencia total sobre quién puede acceder a esta información, bajo qué circunstancias y con qué justificación legal.
La administración de Sheinbaum tiene ahora una oportunidad: no responder con descalificaciones, sino con pruebas, claridad y apertura.
La vigilancia sin control no es seguridad, es retroceso democrático. Y eso, México no se lo puede permitir.