La legisladora acusa al oficialismo de traicionar los derechos ciudadanos con una reforma regresiva, improvisada y diseñada para blindar al gobierno
Por Félix Muñiz
En un contundente posicionamiento desde tribuna, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía Gutiérrez, lanzó una severa crítica contra las adecuaciones a la reforma a la Ley de Amparo, acusando de simulación legislativa y “gatopardismo” al bloque oficialista. Según la legisladora, esta reforma no corrige los vicios de origen, sino que los perpetúa, maquillando retroactividad inconstitucional y debilitando una de las herramientas más importantes para la defensa de los derechos humanos en México.
“Estamos ante una farsa legislativa cuyo propósito no es proteger al ciudadano, sino blindar al gobierno”, denunció Murguía. A su juicio, la reforma no es pro persona, como exige el principio de progresividad en derechos humanos; por el contrario, es una reforma claramente pro gobierno, elaborada al vapor, con prisas, improvisaciones y decisiones tomadas “sobre las rodillas”.
La senadora panista señaló que la supuesta corrección al régimen retroactivo en la aplicación de la ley no es más que una “cortina de humo” para distraer la atención pública del verdadero daño: la limitación de la suspensión del acto reclamado, una medida clave para evitar daños irreparables al ciudadano mientras se resuelve un juicio de amparo.
“El ‘gatopardismo’ político se impone: se cambia todo para que nada cambie. O dicho de forma más clara: nos quieren dar atole con el dedo”, sentenció Murguía.
Uno de los aspectos más alarmantes, a juicio de la legisladora, es la restricción del interés legítimo, que ahora exige una afectación o beneficio cierto. Esta modificación cerrará la puerta del amparo a colectivos como ambientalistas, consumidores, pueblos indígenas, familias de pacientes que reclaman medicamentos o comunidades LGBT+. “Se deja al arbitrio del juez decidir quién puede o no acudir al amparo, lo que representa un retroceso brutal en materia de acceso a la justicia”, advirtió.
Asimismo, la senadora subrayó que la suspensión del acto reclamado —la figura que impide que actos de autoridad causen daños mientras se resuelve el juicio— queda debilitada de forma preocupante. Con la reforma, esta medida no procederá si se trata de disposiciones de “orden público”, incluyendo bloqueos de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera, créditos fiscales y otras acciones del Estado que afectan directamente a ciudadanos y empresas.
Sobre la retroactividad, Murguía dejó en claro que sigue presente, aunque disimulada. “No basta que la ley diga que no es retroactiva; si su cuerpo normativo lo es, entonces es inconstitucional. Esta reforma, tal como está, viola el principio de irretroactividad consagrado en la Constitución”, aseguró.
Finalmente, la senadora denunció que la reforma parece tener dedicatoria clara: frenar los amparos de empresarios que litigan deudas fiscales. “No hay nada más antidemocrático que una ley hecha con destinatario específico. Este gobierno, que presume ser el más democrático, está legislando para castigarse a sus enemigos y protegerse a sí mismo”, concluyó.
Simulación, retroceso y autoritarismo disfrazado de reforma legal. Así definió Guadalupe Murguía el verdadero rostro de las modificaciones a la Ley de Amparo. Una advertencia urgente en defensa de la justicia, de los derechos humanos y del equilibrio constitucional que, según ella, hoy está en peligro.