El Senado tomo la protesta a 875 personas juzgadoras electas por ciudadanos afiliados a Morena
Por Félix Muñiz
Este 1 de septiembre, el Senado de la República celebró con bombo, platillo y una buena dosis de hipocresía institucional la toma de protesta de 875 personas juzgadoras que, según la narrativa oficial, fueron electas por el voto “universal, secreto y directo” de la ciudadanía. Todo muy democrático, si uno ignora el elefante en la sala: la ausencia deliberada de la bancada del PRI en la Sesión Solemne, un gesto político que puso el dedo en la llaga de un sistema que se desmorona en cámara lenta.
La ceremonia, rebosante de pompa republicana y frases de oratoria barata, fue anunciada como “un ciclo histórico” para el Poder Judicial de la Federación. Y vaya que lo es. No todos los días se legitima, con ropaje democrático, una reforma judicial que más que separar al Poder Judicial del político, lo arrastra de lleno a la arena de los intereses partidistas. Pero, claro, eso no lo dirán los voceros del régimen.
Los ministros, jueces y magistrados desfilaron en bloques perfectamente organizados —como si el orden del protocolo pudiera maquillar el desorden institucional. Mientras tanto, las y los senadores presentes aplaudían con el entusiasmo forzado de quien sabe que no puede oponerse sin pagar el precio político. La narrativa fue clara: este nuevo Poder Judicial no debe su existencia a las cúpulas políticas, sino a “la voluntad del pueblo”. Qué conveniente olvidar que ese mismo pueblo votó en condiciones opacas, sin información suficiente y bajo una propaganda oficialista implacable.
Se nos promete que este modelo “fortalece la democracia” y garantiza el acceso a una justicia independiente y autónoma. Pero nadie menciona que al judicializar la voluntad popular, se corre el riesgo de convertir a jueces y magistrados en operadores políticos con toga. ¿Quién garantiza su independencia cuando su futuro depende del favor popular o, peor aún, de la manipulación del mismo?
La “voluntad ciudadana” es el nuevo tótem con el que se justifica todo, incluso el desmantelamiento paulatino de las instituciones. Porque si el pueblo “elige”, entonces no hay margen para la crítica. Una trampa tan vieja como el autoritarismo.
En suma, este 1 de septiembre no fue una victoria democrática, sino el funeral de un sistema de contrapesos. Sin el PRI —y con una oposición desdibujada—, el Senado se convirtió en el teatro perfecto para la legitimación de un poder judicial cada vez más funcional al Ejecutivo.
La toga, al fin y al cabo, también puede ser uniforme.