Desde que inició la Narcoguerra, Sinaloa registra 157 mujeres asesinadas y 506 víctimas de violación.
Por Félix Muñiz
Sinaloa se ha convertido en el estado más peligroso para ser mujer en México. No es una consigna partidista ni un eslogan político: es la denuncia directa de la senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, quien lanzó una crítica frontal al gobierno federal por lo que considera una combinación de violencia desbordada, abandono institucional y una narrativa oficial que intenta maquillar la realidad.
La legisladora priista por el Estado de Sinaloa Paloma Sánchez advirtió que la crisis de seguridad en Sinaloa ha sido presentada durante años como una guerra entre grupos criminales protagonizada por hombres. Sin embargo, en medio de esa narrativa simplista se ha invisibilizado a las verdaderas víctimas colaterales: miles de mujeres que hoy viven entre el miedo, la pérdida y la incertidumbre.
“La narcoguerra en Sinaloa no solo se libra con armas, también se vive en las casas, en los negocios cerrados y en las familias desplazadas”, denunció la senadora. Según explicó, la violencia no solo ha arrebatado vidas, también ha destruido el tejido social y económico de muchas comunidades.
Detrás de las cifras de homicidios hay historias de mujeres que han tenido que abandonar sus hogares, perder sus fuentes de ingreso o asumir solas la responsabilidad de mantener a sus familias. La violencia, dijo Sánchez Ramos, tiene un rostro femenino que el gobierno se ha negado a ver.
Uno de los ejemplos más dolorosos de esta realidad es el asesinato de Rubí Patricia, una madre buscadora que fue asesinada en Mazatlán mientras dedicaba su vida a exigir justicia por su hijo desaparecido. El hecho ocurrió el mismo día en que el Gabinete de Seguridad federal y la Presidenta de la República se encontraban en Sinaloa presumiendo que los homicidios y la violencia estaban disminuyendo.
Para la senadora priista, el contraste entre la narrativa oficial y los hechos es una muestra de la desconexión del gobierno con la tragedia que viven miles de familias.
“Mientras el gobierno presume cifras, las madres buscadoras siguen saliendo a buscar a sus hijos sin protección, sin apoyo y muchas veces arriesgando la vida”, acusó.
Sánchez Ramos subrayó que estas mujeres representan una de las expresiones más dramáticas de la crisis de seguridad en México. Son madres que, ante la inacción del Estado, se han visto obligadas a convertirse en investigadoras, rastreadoras y defensoras de justicia.
Pero incluso en esa lucha, denunció, siguen estando solas.
La legisladora también advirtió que Culiacán se ha convertido en la ciudad más peligrosa para las mujeres en el país, una realidad que contrasta con el discurso oficial que insiste en hablar de avances en materia de seguridad.
“En Sinaloa no han llegado todas”, afirmó, en referencia a la frase utilizada por el gobierno federal para promover políticas en favor de las mujeres. Según dijo, esa promesa no ha alcanzado a las mujeres de Culiacán ni a las que viven bajo la sombra permanente de la violencia.
Ante este panorama, la senadora hizo un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que dejen de minimizar la crisis y se enfoquen en garantizar la seguridad de las mujeres sinaloenses.
“El Estado tiene la obligación de protegerlas, garantizar justicia y crear condiciones para que puedan vivir sin miedo”, concluyó.
Porque en Sinaloa, advirtió, la violencia no solo mata: también silencia, desplaza y abandona. Y hoy, ser mujer en ese estado se ha convertido en un riesgo cotidiano que el gobierno ya no puede seguir ignorando.