En Sinaloa nadie creé la versión de Omar García Harfuch de que fue una confusión la de los mineros secuestrados y asesinados
Por Félix Muñiz
Sinaloa acumula 520 días de narcoguerra, desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas, en un escenario que, lejos de contenerse, se agrava con denuncias de opacidad institucional.
La senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos, lanzó una crítica rígida contra las autoridades federales y estatales, al advertir que la violencia y la falta de transparencia profundizan la crisis de ingobernabilidad en la entidad.
En conferencia de prensa, la legisladora sinaloense Paloma Sánchez denunció que el estado enfrenta una confrontación abierta entre facciones criminales, mientras las instituciones encargadas de procurar justicia ofrecen información fragmentada y tardía.
El reciente hallazgo de cinco fosas clandestinas con 14 cuerpos —entre ellos cinco mineros desaparecidos en Concordia el pasado 23 de enero— evidenció, no solo la brutalidad de la narcoguerra en Sinaloa, sino también la deficiente coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado.
De acuerdo con los datos oficiales citados por la senadora, en una de las fosas se localizaron diez cuerpos; cinco ya fueron identificados y cinco permanecen sin registro.
En otras dos fosas se encontraron dos cuerpos en cada una, mientras que dos más continúan pendientes de análisis forense. En total, son 14 cuerpos, de los cuales nueve siguen sin identificar. Para Paloma Sánchez, estas cifras reflejan no solo la dimensión de la tragedia, sino también la incapacidad institucional para responder con eficacia y transparencia.
La priista cuestionó que la FGR acudiera al sitio tras confirmarse que entre las víctimas estaban los mineros desaparecidos, pero posteriormente transfiriera el caso a la Fiscalía estatal, señalada —según expresó— por insuficiencia operativa y falta de claridad en el manejo de la información. “En Sinaloa nadie cree en la versión de que los mineros fueron confundidos con integrantes de una facción rival; los criminales sabían perfectamente quiénes eran y fueron por ellos a su campamento”, sostuvo.
Ante este contexto, Paloma Sánchez solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer si existieron actos de extorsión contra la empresa minera vinculada al caso, al considerar que no se puede descartar ninguna línea de investigación en medio de una narcoguerra que ha cobrado vidas y ha sembrado miedo durante más de 520 días.
La senadora transmitió además la exigencia directa de los colectivos de madres buscadoras, quienes reclaman cifras exactas sobre el total de cuerpos o restos localizados, el estado en que fueron encontrados, las diligencias forenses realizadas y, sobre todo, canales de comunicación directa con los familiares de personas desaparecidas. Subrayó que el acceso a la información no es un privilegio, sino un derecho y una esperanza para quienes buscan a sus hijas e hijos.
En Sinaloa, afirmó, prevalece una percepción social de ocultamiento informativo y de crisis de gobernabilidad. La narcoguerra, las fosas clandestinas y la desconfianza hacia las autoridades forman un triángulo que erosiona el tejido social. “Las madres buscadoras exigen verdad y acceso para realizar la búsqueda de sus hijos. No pueden enfrentar solas una tragedia que suma 520 días de violencia”, concluyó la legisladora, en una crítica frontal a la actuación gubernamental frente a una de las etapas más oscuras que vive el estado.