Alerta que el 80 por ciento del país enfrenta carestía o sequía de este recurso vital
Por Felix Muñiz
La Presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, ha enfatizado la necesidad apremiante de actualizar el marco legal que regula la distribución del agua en México.
Este llamado a la acción de la líder de la Cámara Baja Marcela Guerra, surge en un momento crítico donde el 80% del país se enfrenta a la carestía o sequía de este recurso vital.
La falta de agua potable apta para el consumo humano no sólo es una crisis ambiental, sino también una amenaza a la seguridad nacional.
La legisladora del PRI Guerra Castillo advierte sobre la posibilidad de una crisis social si no se aborda de manera inmediata. Es alarmante que las familias mexicanas estén destinando un porcentaje significativo de su ingreso mensual a la compra de agua embotellada y pipas, mientras continúan pagando tarifas públicas por un suministro que puede ser deficiente en calidad.
Esta problemática no se limita a la Ciudad de México, sino que se extiende a numerosas regiones del país. Estudios realizados por El Colegio de México revelan que el agua suministrada en diversas partes de México supera los límites de contaminación, lo que pone en riesgo la salud pública.
Es imperativo que México cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el número 6 que se refiere a agua limpia y saneamiento. Para lograrlo, se requiere una inversión significativa en la modernización y conservación de la infraestructura hídrica del país. Además, es crucial considerar la posibilidad de permitir la inversión extranjera para enfrentar esta crisis, dado que se estima que se necesitará una inversión anual de más de 86 mil millones de pesos durante los próximos ocho años para abordar la sequía y el desabasto.
Es hora de que el sector empresarial asuma una mayor responsabilidad en el tratamiento de las descargas hídricas y en el reúso del agua. Esto no solo contribuirá a conservar este recurso limitado, sino que también ayudará a satisfacer la creciente demanda en todo el país.
En resumen, la situación actual exige una acción inmediata y decidida por parte de las autoridades para actualizar el marco legal que rige la distribución del agua en México. Solo a través de una gestión más eficiente, una inversión adecuada y una mayor responsabilidad por parte de todos los actores involucrados, podremos garantizar el acceso a un recurso vital para la vida y el desarrollo sostenible de nuestro país.