Reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública es un abuso que dañara las finanzas públicas de nuestro Estado
Por Félix Muñiz
La reciente reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Yucatán ha desatado una ola de críticas y preocupaciones por su impacto negativo en las finanzas públicas del estado.
La Senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, ha sido una de las voces más críticas, señalando que esta modificación legal beneficiará inmoralmente al actual gobernador, Mauricio Vila Dosal, una vez que deje su cargo.
La aprobación de esta reforma se realizó de manera expedita por los diputados de la fracción panista y sus aliados en el Congreso del Estado de Yucatán. Esta decisión permitirá que Vila Dosal, al concluir su mandato, disponga de personal, vehículos y otros recursos pagados con dinero público para su protección. Esta carga económica recaerá directamente sobre la ciudadanía yucateca.
Camino Farjat explicó que la reforma, aprobada en días recientes, incrementa significativamente los recursos asignados para la protección del exgobernador. El número de escoltas pasará de cuatro a ocho personas, y los vehículos de uno a dos. Además, estos escoltas contarán con equipos de comunicación, armamento y viáticos cuando estén en servicio, tanto dentro como fuera del estado.
La senadora señaló que, a partir del 1 de octubre próximo, Vila Dosal dispondrá de estos recursos adicionales mientras se desempeña como Senador de la República, lo que implica su traslado frecuente a la Ciudad de México. Esto añadirá una carga extra a los contribuyentes, quienes pagarán los costos de vehículos blindados y escoltas necesarios para su seguridad en la capital del país.
Verónica Camino advirtió que esta reforma no solo beneficiará a Vila Dosal, sino que también podría extenderse a exgobernadores anteriores. La ley se aplicaría retroactivamente, beneficiando a los cuatro mandatarios anteriores, lo que aumentaría aún más la carga financiera sobre el estado. Esto pondría en serios aprietos presupuestales a la próxima administración estatal, encabezada por Joaquín Díaz Mena.
Esta situación es especialmente preocupante en el contexto de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que busca reducir el gasto público en privilegios para funcionarios y exfuncionarios. Camino Farjat argumentó que la nueva reforma yucateca contraviene este principio de austeridad y que debería ser revocada para evitar que los ciudadanos de Yucatán paguen por estos beneficios inmerecidos.
Además, la senadora subrayó la necesidad de aplicar el concepto de irreductibilidad al presupuesto de Seguridad Pública, es decir, incrementar los recursos destinados a este sector para cubrir estos “gastos” que solo benefician a unos pocos. La crítica central de Camino Farjat es que esta reforma es un abuso que afecta a todos los yucatecos, quienes tendrán que asumir los costos de estas medidas durante muchos años.
En resumen, la aprobación de la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Yucatán ha generado un debate intenso sobre el uso de recursos públicos para la protección de exgobernadores. Verónica Camino Farjat ha destacado la inmoralidad y el impacto negativo de esta medida, llamando a reconsiderar y revocar esta decisión para evitar un daño mayor a las finanzas públicas del estado y respetar los principios de austeridad y responsabilidad en el gasto público.