En el marco del Día Internacional de la Mujer, la ONU llama a acelerar reformas legales y fortalecer la justicia con perspectiva de género para cerrar brechas y consolidar la igualdad.
Por Félix Muñiz
En el marco del 8M 2026, Naciones Unidas lanzó un llamado global para redoblar esfuerzos en la defensa y garantía de los derechos legales de todas las mujeres y niñas. Bajo el lema “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, la organización internacional subrayó la urgencia de acelerar medidas concretas que permitan transformar la igualdad ante la ley en una realidad tangible antes de que concluya el plazo marcado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
A cuatro años de esa meta global, los datos muestran tanto avances significativos como desafíos persistentes. Actualmente, a nivel mundial, las mujeres y niñas cuentan en promedio con solo el 67% de los derechos legales que tienen los hombres, una brecha que, de mantenerse el ritmo actual, podría tardar casi tres siglos en cerrarse.
A pesar de estos retos, la comunidad internacional ha logrado importantes progresos. Cerca del 90% de los Estados ha fortalecido su legislación para enfrentar la violencia contra las mujeres, lo que refleja un compromiso creciente para proteger los derechos humanos y garantizar entornos más seguros. Sin embargo, la ONU enfatiza que el desafío ahora es asegurar que esas leyes se apliquen de manera efectiva.
Persisten también vacíos legales relevantes en diversas regiones del mundo. En 54% de los países la violación aún no se define con base en el consentimiento, mientras que en 44% no existe una obligación legal de garantizar igualdad salarial por el mismo trabajo, dos factores que evidencian la necesidad de seguir avanzando en reformas jurídicas y políticas públicas.
En América Latina y el Caribe también se han dado pasos relevantes en materia de protección a las mujeres. Actualmente 20 países han tipificado el feminicidio como delito, un avance clave para reconocer y combatir la forma más extrema de violencia de género. En el caso de México, esta figura ya está reconocida en todas las entidades federativas.
El país también vive un momento histórico en materia de participación política de las mujeres. La elección de la primera Presidenta de México representa un punto de inflexión en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas, y se suma a una transformación institucional que ha permitido alcanzar la paridad de género en los congresos federal y locales. Además, trece estados del país son actualmente gobernados por mujeres, casi el doble que en 2018.
Estos avances se acompañan de reformas legales e institucionales relevantes, entre ellas la tipificación de nuevas modalidades de violencia, como la violencia digital y la violencia política por razón de género, así como el reconocimiento constitucional de la igualdad sustantiva, la igualdad salarial y el derecho a una vida libre de violencia.
Otro paso importante ha sido la creación de la Secretaría de las Mujeres y la implementación de iniciativas como la Cartilla de Derechos de las Mujeres y los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes comunitarias y Emancipación). Solo en 2025 se establecieron 678 centros en todo el país, con apoyo de las 32 entidades federativas.
Además, la Ciudad de México fue sede en 2025 de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se adoptó el Compromiso de Tlatelolco, una iniciativa que impulsa una Década de Acción para acelerar la igualdad sustantiva de género y avanzar hacia una sociedad del cuidado como base del desarrollo sostenible.
No obstante, Naciones Unidas advierte que persisten desafíos importantes. En México, por ejemplo, solo 13.1% de las mujeres que sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja presentó una denuncia, lo que evidencia barreras como el miedo, la estigmatización o la desconfianza institucional.
Ante este panorama, la ONU convocó a gobiernos, sistemas judiciales, sector privado, academia, medios de comunicación y sociedad civil a invertir en sistemas de justicia con perspectiva de género, garantizar asistencia jurídica accesible y fortalecer la aplicación efectiva de las leyes.
El mensaje del 8M 2026 es claro: los avances demuestran que el cambio es posible. Ahora, el reto global es transformar los marcos legales en protección real, justicia efectiva e igualdad plena para todas las mujeres y niñas.