El auditor superior de la Federación aseguró que no habrá privilegios ni encubrimientos para quienes desvíen recursos públicos
Por Félix Muñiz
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una nueva etapa de fiscalización en la que, según su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, no habrá distinciones por cargos públicos, filiaciones institucionales o responsabilidades políticas cuando existan elementos que ameriten una investigación. Sin embargo, el verdadero desafío será convertir las advertencias contra la corrupción en sanciones efectivas y recuperar los recursos que pertenecen a la ciudadanía.
Durante la segunda entrega de informes individuales de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2025, ante la Comisión de Vigilancia de la ASF, Hernández sostuvo que cualquier irregularidad será investigada conforme a la ley, porque detrás de cada peso desviado existe una necesidad social que deja de atenderse.
El auditor presentó 374 informes individuales, resultado de 42 auditorías municipales, 286 a entidades federativas y 46 a organismos federales. Las revisiones identificaron más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno, una cifra que dimensiona los desafíos que enfrenta la vigilancia del gasto público.
Entre los casos federales destacó el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, donde se observaron conjuntamente 2 mil 327 millones de pesos. En los gobiernos estatales quedaron pendientes de aclarar más de mil 200 millones, aunque se reportaron reintegros por mil 132 millones, de los cuales 553 millones correspondieron al sector salud.
La situación municipal merece especial atención: en las 42 auditorías realizadas se revisó el ciento por ciento de los recursos federales entregados y se identificaron más de 5 mil 200 millones de pesos cuyo destino no pudo acreditarse. No se trata únicamente de inconsistencias administrativas: son recursos cuyo ejercicio debe explicarse con documentos y responsabilidades concretas.
Hernández también informó que, durante los primeros seis meses de su gestión, se presentaron 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y que las 21 reportadas anteriormente fueron judicializadas. Además, se interpusieron tres denuncias penales antes de concluir las auditorías, relacionadas con obras pagadas y no ejecutadas, equipo médico no localizado y documentación presuntamente apócrifa.
Uno de los asuntos de mayor relevancia corresponde a las investigaciones sobre contratos de organismos electorales. La ASF identificó operaciones por 8 mil 870 millones de pesos entre dos grupos empresariales y distintas entidades públicas, de 2014 a 2026; 3 mil 790 millones correspondieron a organismos electorales locales. También detectó posibles vínculos empresariales, subcontrataciones y estructuras laborales reducidas que serán materia de investigación.
A ello se suman las indagatorias sobre posibles irregularidades en la contratación de la plataforma para el examen de admisión de la UNAM, así como investigaciones relacionadas con Nuevo León y Sinaloa, donde se identificaron posibles esquemas de triangulación de recursos.
El fortalecimiento de la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Antimonopolio abre nuevas posibilidades para rastrear operaciones sospechosas y detectar acuerdos indebidos.
No obstante, la promesa de actuar sin privilegios deberá medirse por sus resultados. Presentar denuncias, formular observaciones y anunciar investigaciones constituye apenas una parte del trabajo. La ciudadanía necesita conocer quiénes resultan responsables, qué sanciones reciben y cuánto dinero público se recupera.
La fiscalización no puede convertirse en un ejercicio de cifras y declaraciones. Si la ASF pretende terminar con la impunidad, tendrá que demostrar que sus investigaciones alcanzan a todos por igual y que ningún cargo, institución o relación empresarial representa protección frente a la ley.