La Mesa Directiva turna a comisiones propuestas para fortalecer los requisitos de quienes encabecen los poderes ejecutivos y actualizar la protección del medio ambiente
Por Félix Muñiz

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó sobre la recepción y turno a comisiones de dos iniciativas enviadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que plantean modificaciones relevantes en materia de nacionalidad única para la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales, así como una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Las propuestas fueron remitidas por la Comisión Permanente y, de acuerdo con el procedimiento legislativo, serán analizadas por las comisiones correspondientes, con el propósito de avanzar en una revisión integral de sus alcances jurídicos, políticos y ambientales.
En materia de nacionalidad única, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y propone reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política.
El planteamiento establece como requisito para ocupar la Presidencia de la República no tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con una distinta a la mexicana, la persona aspirante deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato, conforme a los términos que establezca la ley.
La misma condición se plantea para quienes aspiren a las gubernaturas de las entidades federativas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta busca establecer un criterio constitucional objetivo y verificable para quienes tengan la responsabilidad de encabezar los poderes ejecutivos.
De acuerdo con la iniciativa, quienes ejerzan estos cargos tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana. La prohibición contempla el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, así como el ejercicio de derechos políticos ante gobiernos extranjeros o el acogimiento a su protección diplomática.
El proyecto contempla un plazo de 90 días naturales para que el Congreso de la Unión adecue la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral. Las entidades federativas también deberán armonizar sus constituciones y normas electorales.
Por otra parte, la iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue turnada a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El proyecto busca actualizar el marco jurídico ambiental frente a los desafíos actuales y fortalecer las capacidades institucionales para prevenir el deterioro ecológico, conservar la biodiversidad y restaurar ecosistemas.
Entre sus objetivos destaca garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, impulsar el desarrollo sustentable y establecer mejores instrumentos para la preservación de recursos naturales, áreas protegidas, suelo y agua.
La propuesta parte del reconocimiento constitucional del derecho humano a un ambiente sano y plantea incorporar criterios científicos, preventivos y precautorios para fortalecer la protección del patrimonio natural de México, con una visión orientada tanto al bienestar actual como a las futuras generaciones.
