México cuenta con soberanía, pero que esta se ve debilitada cuando quienes están en el poder mantienen alianzas con el crimen organizado
Por Félix Muñiz
En medio de uno de los escándalos políticos más delicados de los últimos años, la diputada del PAN, Diana Gutiérrez Valtierra, lanzó una crítica frontal contra el gobierno federal encabezado por Morena, al advertir que el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de presunta colusión entre política y crimen organizado.
Las declaraciones surgen en un contexto internacional complejo, luego de que autoridades de Estados Unidos acusaran a Rocha Moya de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y solicitaran su extradición, en un caso que ha tensado la relación bilateral y puesto en entredicho la capacidad del Estado mexicano para investigar a sus propios funcionarios.
Gutiérrez Valtierra no escatimó en señalamientos. Acusó que existe una “doble moral” en el actuar del gobierno federal, al recordar que recientemente se realizaron extradiciones de decenas de reos sin procedimientos transparentes, mientras que ahora —dijo— se exige un proceso estricto para el exmandatario sinaloense.
La legisladora panista Diana Gutiérrez fue más allá al cuestionar la aparente protección política hacia figuras señaladas por vínculos con el narcotráfico. Afirmó que, de existir una actuación firme y oportuna por parte de las autoridades mexicanas, no habría necesidad de intervención extranjera.
“Si el gobierno de Morena no protegiera a los narcopolíticos o narcogobernadores, Estados Unidos no tendría que intervenir”, sostuvo, al tiempo que subrayó que México cuenta con soberanía, pero que esta se ve debilitada cuando quienes están en el poder mantienen alianzas con el crimen organizado.
Las críticas cobran relevancia ante el contexto documentado por autoridades estadounidenses, quienes han señalado que no solo Rocha Moya, sino otros funcionarios, habrían colaborado con organizaciones criminales para facilitar operaciones de narcotráfico a cambio de beneficios políticos y económicos.
Además, diversos análisis advierten que el caso del exgobernador se suma a una larga lista de políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico, lo que refuerza la percepción de una infiltración estructural del crimen organizado en la vida pública del país.
En ese sentido, la diputada panista advirtió que podrían surgir más investigaciones desde Estados Unidos contra otros actores políticos, particularmente aquellos ligados a Morena. Incluso planteó la posibilidad de que el gobierno estadounidense adopte medidas más drásticas si percibe inacción por parte de México.
Las declaraciones de Gutiérrez Valtierra evidencian un clima de creciente polarización política, pero también reflejan una preocupación real: la necesidad urgente de garantizar instituciones libres de corrupción y de vínculos criminales.
El caso de Rubén Rocha Moya no solo pone a prueba al sistema judicial mexicano, sino que también abre un debate de fondo sobre la soberanía, la justicia y la credibilidad del poder político en México. En medio de acusaciones, tensiones internacionales y exigencias de transparencia, la pregunta central permanece: ¿está el Estado mexicano dispuesto a investigar a fondo a quienes gobiernan?