Advierten que las irregularidades en contrataciones, los vínculos entre funcionarios y operadores partidistas y la salida de altos mandos ponen en entredicho la autonomía del organismo electoral
Por Félix Muñiz
La crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) volvió a encender las acusaciones políticas en la Cámara de Diputados. Legisladores del PRI señalaron a Morena de presuntamente colonizar la estructura del organismo y advirtieron que los señalamientos de corrupción, conflictos de interés y anomalías en contrataciones públicas no pueden reducirse a simples faltas administrativas ni quedar atrapados en explicaciones burocráticas.
Durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, los legisladores priistas Emilio Suárez Licona, Carlos G. Mancilla y Arturo Yáñez Cuéllar exigieron esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas detrás de los hechos denunciados.
Emilio Suárez sostuvo que la pérdida de autonomía del INE responde a una cadena de decisiones e imposiciones políticas. Como ejemplo, mencionó a Carlos Daniel Luna Rosas, quien colaboró con un representante de Morena ante el Instituto y posteriormente fue nombrado jefe de la oficina de la Presidencia durante la gestión de Guadalupe Taddei.
También cuestionó la eliminación de decisiones colegiadas y la falta de explicaciones oportunas en los informes del órgano de control.
Por su parte, Carlos G. Mancilla calificó los acontecimientos como una de las crisis más graves de la historia democrática del país. Cuestionó los posibles vínculos entre funcionarios electorales y operadores partidistas, y recordó que Luna Rosas recibió 257 mil 747 pesos por asesorar jurídicamente a la representación de Morena ante el INE antes de incorporarse a la estructura presidencial del organismo.
También pidió revisar el caso de Arturo Manuel Chávez López, quien dirigió Talleres Gráficos de México antes de convertirse en consejero electoral y firmó un contrato relacionado con la producción de credenciales para votar, reportado en aproximadamente mil 300 millones de pesos.
El legislador exigió esclarecer las condiciones de contratación, la competencia entre proveedores y las declaraciones de intereses. Asimismo, mencionó investigaciones iniciadas en 2025 y 2026, relacionadas con servidores públicos, empresas y contrataciones institucionales, y reclamó conocer sus resultados y las sanciones correspondientes.
Arturo Yáñez cuestionó los intentos de limitar las intervenciones legislativas durante la comparecencia y defendió el derecho de los diputados a exigir explicaciones sobre un asunto de relevancia nacional.
Más allá del intercambio de acusaciones partidistas, el problema exige respuestas documentadas. La autonomía del INE no puede depender de discursos ni de lealtades políticas, sino de controles efectivos, transparencia contractual y rendición de cuentas.
Los diputados priistas demandaron preservar las evidencias y llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. La exigencia central es que, si se acreditan responsabilidades, ningún funcionario o particular quede al margen de las sanciones administrativas o penales que correspondan.