Y retan a los legisladores Morena a blindar los apoyos sociales contra el clientelismo electoral, para ver si como roncan duermen
Por Félix Muñiz
La creciente percepción de que los programas sociales han sido utilizados como una poderosa herramienta de control político por parte de Morena llegó nuevamente al centro del debate nacional.
En el Senado de la República, legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una iniciativa para blindar legalmente los apoyos sociales y evitar que continúen siendo utilizados con fines electorales, una práctica que durante años ha sido denunciada por la oposición, organizaciones civiles y especialistas en materia democrática.
Los senadores Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM y Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, impulsaron una reforma a la Ley General de Desarrollo Social que busca establecer mecanismos contundentes para garantizar la neutralidad política de los programas sociales y evitar cualquier forma de clientelismo o condicionamiento político.
El legislador de MC Luis Donaldo Colisio señaló que la propuesta surge en un contexto donde Morena ha sido señalado de manera reiterada por convertir programas públicos en una plataforma de promoción política permanente.
Aunque los apoyos sociales están protegidos por la Constitución y constituyen derechos adquiridos de millones de mexicanos, la narrativa oficial ha contribuido a generar la percepción de que estos beneficios dependen de la continuidad de un proyecto político específico.
Colosio Riojas advirtió que ninguna persona debe sentirse obligada a respaldar políticamente a un partido para conservar una beca, pensión o apoyo gubernamental.
“Lo que queremos es que jamás nadie tenga que elegir entre su voto y su bienestar”, enfatizó.
Por su parte y durante la presentación de la iniciativa, el senador del verde ecologista Luis Armando Melgar fue contundente al afirmar que los programas sociales no pertenecen a ningún partido político.
“Los programas sociales son derechos constitucionales. No son propiedad de Morena ni de ningún otro partido. Lo que buscamos es poner candados y controles para que nunca más se utilicen con fines partidistas o electorales”, sostuvo.
La iniciativa incorpora por primera vez el principio de neutralidad política dentro de la Ley General de Desarrollo Social, una medida que busca cerrar espacios a prácticas que durante décadas han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones.
Entre los principales cambios destacan la obligación de incluir cláusulas de neutralidad política en todos los programas sociales; la prohibición expresa del uso de padrones de beneficiarios con fines electorales; la eliminación de colores, símbolos o imágenes que remitan a partidos políticos en la difusión de apoyos gubernamentales; y la creación de sanciones específicas para servidores públicos o actores políticos que intenten sacar ventaja electoral mediante recursos destinados al bienestar social.
La iniciativa representa una crítica frontal a un modelo político que, según sus promotores, ha permitido la construcción de una estructura de dependencia electoral alrededor de programas financiados con recursos públicos. Los legisladores sostienen que el combate a la pobreza no puede convertirse en una herramienta de propaganda ni en un mecanismo de presión política.
Al hacer un llamado a todas las fuerzas representadas en el Senado para respaldar la propuesta, los promoventes señalaron que la democracia mexicana sólo podrá fortalecerse cuando los programas sociales dejen de ser vistos como instrumentos electorales y se consoliden exclusivamente como políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sin colores partidistas ni condicionamientos políticos.