Los que defienden al narco gobernador Ruben Rocha y quienes enfrentan al crimen organizado y cuidan a sus ciudadanos en Chihuahua, como Maru Campos
Por Félix Muñiz
Entre la complicidad política y la resistencia institucional, la presidenta de la Camara de Diputados Kenia López Rabadán convierte el caso Chihuahua en un misil contra la clase gobernante de Morena señalada por tolerar al crimen organizado.
La diputada del PAN Kenia López volvió a exhibir su fractura más incómoda: la relación entre el poder y el crimen organizado.
Esta vez la legisladora panista Kenia López, quien lanzó una acusación demoledora al asegurar que en el país existen “dos tipos de políticos”: los que protegen a los ciudadanos y enfrentan al narcotráfico, y los que —por acción, omisión o conveniencia— terminan del lado de los criminales.
La declaración no fue casual ni inocente. Ocurrió tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua, acción encabezada por el gobierno estatal de Maru Campos, a quien López Rabadán defendió frente a las voces que buscan impulsar un eventual desafuero en su contra. La legisladora panista convirtió el operativo en un símbolo político: de un lado, los gobiernos que combaten al crimen; del otro, los territorios donde el narcotráfico parece haber rebasado —o absorbido— a las autoridades.
El señalamiento hacia Sinaloa no pasó desapercibido. Aunque evitó nombres específicos, la referencia fue contundente en un país donde las sospechas de vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales llevan años contaminando la credibilidad institucional. Lo grave no es sólo la acusación, sino que ya no sorprende. México se ha acostumbrado a convivir con gobernantes bajo sospecha, con regiones enteras dominadas por grupos armados y con una violencia que dejó de ser excepción para convertirse en paisaje cotidiano.
López Rabadán fue más allá al afirmar que castigar a quienes enfrentan al crimen organizado sería “una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos”. Tiene razón en un punto esencial: mientras el Estado persigue políticamente a quienes sí actúan, el crimen gana terreno. Resulta grotesco que en un país donde amplias zonas viven bajo control criminal, la discusión pública termine enfocada en cuestionar a quien desmantela laboratorios clandestinos en lugar de investigar a quienes permiten su operación.
La diputada también lanzó una crítica indirecta al deterioro democrático dentro del Congreso, al denunciar intentos de limitar la voz de legisladores en la Comisión Permanente. El fondo del problema es el mismo: un sistema político cada vez más intolerante a la crítica y más cómodo con el control que con el debate.
México enfrenta una disyuntiva brutal. O fortalece a las instituciones que todavía resisten al crimen organizado, o normaliza definitivamente la convivencia entre política y narcotráfico. Y esa, más que una disputa partidista, es una batalla por la supervivencia del Estado.