La propuesta busca mover la elección judicial a junio de 2028, homologar criterios de selección y reducir la complejidad operativa del nuevo modelo electoral
Por Félix Muñiz
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, sin la participacion de los legisladores del PAN, PRI y MC entregaron este miércoles a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, una iniciativa de reforma constitucional para aplazar la elección judicial prevista para 2027 y trasladarla al 4 de junio de 2028.
La propuesta plantea que la renovación del Poder Judicial coincida con la eventual consulta de revocación de mandato presidencial contemplada en el artículo 35 de la Constitución, lo que convertiría a 2028 en un año clave para la vida política y electoral del país.
La titular de la Secretaría de Gobernación llegó al Senado de la República poco antes de las 11:00 horas, donde fue recibida por Ignacio Mier. Minutos más tarde arribó Luisa María Alcalde para formalizar la entrega del proyecto impulsado por el Ejecutivo federal.
De acuerdo con el calendario legislativo, durante la sesión de la Comisión Permanente de este jueves se prevé convocar a un periodo extraordinario de sesiones para el próximo 27 de mayo. El objetivo es que las cámaras de Diputados y Senadores aprueben la reforma y concluyan el proceso legislativo antes del 3 de junio.
Posteriormente, la iniciativa requerirá el respaldo de al menos 17 congresos estatales para lograr la declaratoria de constitucionalidad y su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Además del cambio de fecha, la reforma contempla una reestructuración del modelo de elección judicial. Según la evaluación realizada por la Presidencia de la República, la elección intermedia programada para 2027 implicaba una operación inédita debido al elevado número de cargos y candidaturas previstas.
Con el nuevo esquema, en 2028 se elegirían cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito, 424 magistraturas locales y 2 mil 831 jueces locales en 25 entidades del país.
Uno de los principales ajustes consiste en reducir el número de candidaturas por cargo. Mientras el modelo original permitía hasta tres propuestas por cada uno de los poderes de la Unión, la nueva iniciativa plantea únicamente dos candidaturas finales por cargo y especialidad.
Los comités de evaluación analizarían conocimientos, experiencia profesional, antecedentes y buena fama pública de los aspirantes. Posteriormente se seleccionarían cuatro perfiles y, mediante insaculación pública, quedarían definidos los dos candidatos finales.
La propuesta también establece nuevas reglas para las boletas electorales, las cuales identificarían claramente las candidaturas vinculadas a cada poder y a jueces en funciones que busquen reelegirse. Asimismo, el Instituto Nacional Electoral dividiría el territorio en distritos judiciales específicos para facilitar la votación.
Entre otros cambios, la iniciativa contempla crear una comisión coordinadora entre los tres poderes para homologar criterios de evaluación, permitir que elecciones judiciales y ordinarias compartan casillas y fortalecer la capacitación permanente de jueces y magistrados mediante la Escuela Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.