Blanca Cruz García aseguró que el Instituto cooperará con la investigación por presuntos actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei; el Consejo General prevé relevar a tres titulares de área
Por Félix Muñiz
La Fiscalía General de la República (FGR) continuará realizando diligencias en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) como parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción vinculados con la gestión de Guadalupe Taddei. La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, afirmó que el Instituto atenderá los requerimientos ministeriales y facilitará la documentación solicitada.
La precisión importa: Blanca Cruz aclaró que las actuaciones no corresponden a cateos ni a revisiones generales de las instalaciones, sino a solicitudes específicas de expedientes y archivos.
Si la Fiscalía requiere revisar un contrato, explicó, puede pedir el expediente completo, desde la justificación de la contratación hasta el dictamen y la firma.
También señaló que, hasta ahora, no se han realizado diligencias en la oficina de la exconsejera presidenta.
El consejero José Martín Faz Mora indicó que uno de los requerimientos en Recursos Materiales y Servicios está relacionado con denuncias presentadas por el propio INE. Añadió que las primeras diligencias se concentraron en el área donde laboró Mario Burciaga, quien apareció en videos difundidos públicamente en los que se le observa brindando. La existencia de una investigación, sin embargo, no equivale por sí misma a una determinación de responsabilidad: esa distinción debe mantenerse mientras las autoridades esclarecen los hechos.
En paralelo, el Consejo General acordó solicitar la renuncia de tres titulares de la Junta General Ejecutiva: la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Blanca Cruz dijo que los trámites administrativos para concretar los relevos se realizarán en los próximos días.
La coincidencia entre diligencias de la FGR y cambios en puestos estratégicos plantea preguntas que el Instituto deberá responder con claridad. ¿Qué criterios justifican los relevos y cómo se garantizará que no afecten la continuidad técnica? La transparencia no consiste solo en anunciar renuncias o entregar documentos, sino en explicar los procedimientos, proteger el debido proceso y comunicar qué se sabe y qué sigue bajo investigación.
Cruz Garcia sostuvo que, pese a operar con 10 consejerías, el INE mantiene sus actividades con normalidad. Aseguró que las áreas técnicas y las juntas locales y distritales continúan trabajando, sin que se haya detenido proceso electoral alguno. Esa continuidad es relevante, pero no debe confundirse con ausencia de riesgos institucionales: la ciudadanía necesita certezas tanto sobre la operación electoral como sobre la rendición de cuentas.
El desafío para la presidencia provisional será cooperar con la Fiscalía sin comprometer la autonomía del organismo y conducir los relevos con razones verificables. La investigación deberá establecer responsabilidades con pruebas; el INE, por su parte, tendrá que demostrar que la revisión no se limita a cambios de personal, sino que fortalece sus controles y la confianza pública.