La FGR cruza una línea peligrosa al citar a Maru Campos y abre un nuevo capítulo de confrontación política
Por Félix Muñiz
En un hecho sin precedentes, que ha encendido las alarmas sobre el estado de derecho en México, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, para el 27 de mayo en las oficinas centrales de la Ciudad de Mexico, dentro de una carpeta de investigación federal.
Acompañada del abogado Roberto Gil Zuarth y del representante jurídico del gobierno de Chihuahua José Carlos Rivera Alcalá, la jefa del ejecutivo local lamento que aun teniendo fuero constitucional la FGR con esta decisión dañe al pueblo y ciudadanos de Chihuahua.
La decisión ha sido calificada por diversos sectores como un acto de abierta intimidación política que vulnera principios constitucionales básicos y pone en entredicho la autonomía de las entidades federativas.
La controversia no es menor. La Constitución establece mecanismos específicos para el procesamiento de titulares de los poderes ejecutivos estatales y reconoce protecciones inherentes al cargo para evitar que las instituciones de procuración de justicia sean utilizadas como instrumentos de presión política.
Bajo esa premisa, la actuación de la FGR ha sido cuestionada por representar una intervención que, según la postura del Gobierno de Chihuahua, carece de sustento jurídico suficiente y constituye una invasión a la soberanía estatal.
La propia mandataria Maru Campos fue contundente al señalar que se trata de un caso de persecución política. “Otra vez, aquí está el doble rasero de Morena.
Lamento que Morena use las instituciones para molestar, para hacer esta persecución política contra una persona que está haciendo bien las cosas”, expresó tras recibir de manera directa el emplazamiento federal.
El señalamiento adquiere mayor relevancia en un contexto donde la administración federal ha sido criticada por la aparente protección política brindada a personajes cercanos al oficialismo. Los cuestionamientos apuntan particularmente al trato otorgado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a legisladores y funcionarios que han enfrentado acusaciones provenientes de autoridades estadounidenses relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado. Para los críticos, la diferencia en el actuar institucional alimenta la percepción de una justicia selectiva: severa con opositores y complaciente con aliados.
La gobernadora informó que ya analiza con su equipo jurídico la ruta de defensa frente a lo que considera una arbitrariedad. El requerimiento de comparecencia fue programado para el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas, por lo que especialistas legales revisan la fundamentación y argumentación del documento emitido por la autoridad federal.
Durante la recepción del citatorio acompañaron a la mandataria el consejero jurídico José Carlos Rivera, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, el abogado Roberto Gil Zuarth, así como Fernando Álvarez Monje y Max Cortázar.
Mientras tanto, Maru Campos defendió el desempeño de su administración en materia de seguridad, asegurando que su gobierno ha mantenido una estrategia firme contra el crimen organizado. “Estamos haciendo todas las cosas para que los chihuahuenses puedan vivir, crecer y trabajar en paz”, afirmó.
Más allá del desenlace jurídico, el episodio deja una pregunta inquietante para la democracia mexicana: ¿se está utilizando la justicia como herramienta institucional o como mecanismo de presión política? La respuesta será determinante para la credibilidad de las instituciones y para el equilibrio entre los poderes en el país.