El presidente del Senado llama a intensificar el combate a la impunidad, revisar las instituciones y garantizar que las denuncias se investiguen sin distinción de partidos ni cargos públicos
Por Félix Muñiz
La corrupción vuelve a colocar al poder público frente a una de sus mayores contradicciones: la distancia entre el discurso de la honestidad y la obligación de rendir cuentas.
En medio de los señalamientos relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y su renuncia, el senador Higinio Martínez Miranda sostuvo que ha llegado el momento de las definiciones y de emprender una ofensiva más profunda contra este problema.
El presidente del Senado dirigió su llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien atribuyó la autoridad moral, política y legal necesaria para encabezar una cruzada nacional anticorrupción.
Su planteamiento no se limita a exigir explicaciones por el caso del órgano electoral: propone revisar las prácticas de la administración pública en los ámbitos federal, estatal y municipal.
El legislador de Morena por el Estado de México Higinio Martínez considera que la corrupción no puede combatirse únicamente cuando los medios de comunicación exhiben presuntas irregularidades. A su juicio, los órganos internos de control, las instancias fiscalizadoras y las autoridades responsables deben actuar de manera preventiva, investigar las denuncias y determinar posibles responsabilidades. La intervención de la Auditoría Superior en el caso del INE, señaló, debe permitir esclarecer si existieron anomalías en los contratos y, de comprobarse, sancionar tanto a los funcionarios como a los particulares involucrados.
La reflexión adquiere mayor relevancia porque el senador mexiquense reconoce que Morena, como fuerza que gobierna buena parte del país, también debe someterse a la autocrítica. La exigencia de transparencia pierde credibilidad cuando se aplica a los adversarios, pero se vuelve cautelosa ante los propios compañeros. Combatir la corrupción implica abandonar esa doble vara y aceptar que ninguna filiación política constituye una protección frente a la ley.
Sin embargo, confiar la transformación exclusivamente a la voluntad presidencial sería insuficiente. La autoridad moral puede impulsar decisiones, pero son las instituciones sólidas, la fiscalización independiente y las sanciones efectivas las que convierten los compromisos en resultados. El propio Martínez cuestionó el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y pidió revisar el marco legal, además de acelerar el paquete anunciado por Sheinbaum, que, según expuso, contempla modificaciones a 15 ordenamientos y dos nuevas leyes.
El desafío consiste, por tanto, en pasar de las declaraciones a los mecanismos verificables. Las denuncias deben investigarse con rigor, sin convertirlas automáticamente en sentencias ni descartarlas por intereses políticos.
La renuncia de una funcionaria no puede representar el cierre de las indagatorias. La ciudadanía necesita conocer los resultados, las responsabilidades acreditadas y las sanciones correspondientes.
La definición que reclama Martínez Miranda es clara: combatir la corrupción exige también combatir la impunidad. Y esa tarea solo será creíble si alcanza a todos, sin excepciones ni privilegios.