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Ignacio Mier pide sancionar irregularidades en el INE y auditar compras de material electoral

El llamado a revisar licitaciones abre una discusión necesaria sobre transparencia y competencia, pero las acusaciones deben probarse sin convertir la investigación en un juicio anticipado ni debilitar la organización electoral

Por Félix Muñiz

 

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó a investigar posibles irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), sancionar a quienes resulten responsables y auditar los procedimientos para adquirir material electoral. Su planteamiento toca dos asuntos centrales para la confianza pública: la rendición de cuentas y la autonomía operativa de la institución.

El senador de Morena por el Estado de Puebla Ignacio Mier pidió que las investigaciones relacionadas con Guadalupe Taddei no entorpezcan las labores de organización, capacitación y logística de los comicios del 6 de junio de 2027.

La distinción es pertinente: esclarecer posibles delitos y mantener en marcha las funciones del INE no deberían ser objetivos incompatibles. Sin embargo, proteger la operación electoral tampoco puede convertirse en motivo para reducir el escrutinio sobre el uso de recursos públicos.

El legislador poblano Mier Velazco sostuvo que deben deslindarse responsabilidades, con apego al debido proceso, por posibles actos de corrupción, desvío de recursos, asociación delictuosa u otros delitos. También pidió revisar manuales, procedimientos y lineamientos de compras, licitaciones y adjudicaciones definidos durante la gestión de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo.

El legislador afirmó que esos criterios habrían favorecido a un grupo reducido de empresas y dificultado la participación de otros proveedores. Describió las condiciones como “trajes a la medida” y aseguró que algunos proveedores llevan 22 años beneficiándose.

Son señalamientos graves, pero, mientras no estén respaldados por una auditoría y resoluciones de las autoridades competentes, deben entenderse como acusaciones, no como hechos probados.

Ahí reside una parte esencial del desafío: la revisión debe ser exhaustiva, pública y técnicamente sustentada. Si hubo requisitos injustificados, concentración de contratos o restricciones a la competencia, la auditoría tendría que documentarlo y explicar quién los diseñó, cómo operaron y qué consecuencias tuvieron. Y si no se acreditan las acusaciones, también debe quedar claro. La transparencia requiere respuestas verificables, no solo consignas.

El coordinador de los senadores de Morena reconoció que las áreas del INE encargadas de organizar y capacitar para las elecciones han trabajado “de manera formidable”. Esa valoración convive con su llamado a proteger al instituto y separar las investigaciones de sus tareas electorales. Pero la defensa institucional no consiste en cerrar filas sin preguntas: implica garantizar que las investigaciones avancen, que no se prejuzgue a personas y que el organismo conserve los recursos y la capacidad necesarios para cumplir su mandato.

La exigencia de sanciones solo tendrá credibilidad si se aplica con imparcialidad, sin excepciones ni uso político. De cara a 2027, auditar las compras puede fortalecer la confianza; hacerlo con rigor y debido proceso será tan importante como el resultado.

 

 

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