Cuestiona la falta de consulta a los estados y alerta sobre posibles afectaciones a la autonomía municipal, el impuesto predial y las finanzas locales
Por Félix Muñiz
La discusión de la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral abre un debate que va más allá de la modernización administrativa: ¿hasta dónde debe llegar la Federación en materias que constitucionalmente corresponden a estados y municipios?
Durante la discusión del dictamen en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, la diputada del PAN Kenia López Rabadán advirtió sobre posibles violaciones constitucionales y sostuvo que la propuesta puede vulnerar la autonomía de los gobiernos locales.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere al procedimiento legislativo. López Rabadán señaló que no se ha acreditado el cumplimiento del Segundo Transitorio de la reforma constitucional publicada el 27 de diciembre de 2013, que estableció la obligación de solicitar previamente la opinión de las entidades federativas antes de expedir la legislación general en esta materia.
La observación resulta relevante porque los catastros y registros públicos son operados cotidianamente por autoridades estatales y municipales. Desde esta perspectiva, aprobar nuevas obligaciones sin escuchar formalmente a quienes deberán aplicarlas plantea un problema no sólo político, sino también institucional.
La legisladora también alertó sobre el riesgo de una centralización catastral. De acuerdo con sus señalamientos, el proyecto concede al Gobierno Federal facultades para diseñar modelos, administrar plataformas, establecer condiciones y supervisar la implementación de sistemas que continuarían bajo responsabilidad de autoridades locales.
Otro punto sensible es el impuesto predial. López Rabadán pidió blindar la facultad constitucional de los municipios y cuestionó que una Plataforma Catastral administrada por la Federación pueda convertirse, directa o indirectamente, en una herramienta de intervención sobre decisiones tributarias locales.
Su advertencia sobre un posible “predialazo” coloca sobre la mesa una preocupación concreta: que la actualización de valores catastrales termine trasladándose a los contribuyentes mediante mayores cargas fiscales.
A ello se suma el costo de la digitalización, interoperabilidad y actualización de información. El dictamen plantea obligaciones tecnológicas para los municipios, pero, según la legisladora, no garantiza recursos presupuestales suficientes para cumplirlas, especialmente en localidades con menores capacidades financieras y tecnológicas.
López Rabadán también retomó las preocupaciones expresadas por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y su presidente, Mauricio Tabe Echartea, sobre posibles efectos en la recaudación local y una mayor injerencia federal.
Ante este escenario, la propuesta de realizar un Parlamento Abierto adquiere relevancia. Escuchar a estados, municipios y especialistas antes de aprobar la ley permitiría revisar sus alcances, corregir posibles excesos y determinar si la modernización catastral puede lograrse sin debilitar el federalismo ni trasladar nuevos costos a los ciudadanos.