Sostiene que las declaraciones del director de la DEA obligan al Estado mexicano a responder con transparencia, legalidad y resultados, no con descalificaciones políticas
Por Félix Muñiz
Las declaraciones del director de la DEA, Terrance C. “Terry” Cole, sobre una presunta relación entre organizaciones criminales y estructuras del Gobierno mexicano no deben convertirse en un nuevo episodio de confrontación diplomática ni ser reducidas a un intercambio de discursos políticos.
Para la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, la gravedad de estos señalamientos exige una respuesta institucional basada en investigaciones sólidas, independientes y transparentes.
En entrevista previa al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora del PAN Kenia López afirmó que México debe demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley y que no existe tolerancia, protección o impunidad para servidores públicos que eventualmente mantengan vínculos con organizaciones del narcotráfico.
En un tema de alto impacto para la seguridad nacional y la relación bilateral entre México y Estados Unidos, López Rabadán consideró que las afirmaciones de Terry Cole, quien habló de una “conexión mortal” entre los cárteles y el Gobierno mexicano, constituyen una acusación de enorme gravedad. Si bien enfatizó que no pueden aceptarse sin pruebas concluyentes, también sostuvo que sería un error minimizarlas o desestimarlas únicamente por razones políticas.
La diputada panista señaló que corresponde a las instituciones mexicanas responder con hechos y no únicamente con pronunciamientos oficiales. En ese sentido, insistió en que deben realizarse investigaciones serias que permitan esclarecer cualquier señalamiento sobre posibles nexos entre funcionarios públicos y grupos criminales, garantizando absoluta transparencia y rendición de cuentas.
En su posicionamiento, destacó que existen casos que demandan especial atención, particularmente en Baja California y Sinaloa, donde diversos señalamientos públicos han colocado bajo escrutinio a autoridades locales. No obstante, puntualizó que nadie debe ser condenado sin pruebas o resoluciones judiciales, pero tampoco exonerado mediante simples declaraciones políticas.
López Rabadán sostuvo que, si las investigaciones acreditan vínculos entre funcionarios y organizaciones delictivas, éstos deben ser separados de cualquier cargo y enfrentar sanciones conforme a la ley, sin importar el partido político o el nivel de gobierno al que pertenezcan. A su juicio, el combate a la impunidad debe colocarse por encima de cualquier interés partidista.
La legisladora también advirtió que el contexto se vuelve más complejo tras la decisión de Estados Unidos de designar al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que incrementa la presión jurídica, financiera y política sobre los grupos criminales mexicanos y plantea nuevos retos para la cooperación bilateral.
El planteamiento de Kenia López Rabadán representa una crítica dirigida a la actuación institucional, pero también una propuesta concreta: fortalecer el Estado de derecho mediante investigaciones imparciales que permitan esclarecer los hechos. En un escenario marcado por la desconfianza ciudadana y la violencia, la mejor respuesta del Estado mexicano no son los discursos, sino la aplicación rigurosa de la ley y la construcción de instituciones capaces de demostrar que el combate al crimen organizado no admite excepciones ni privilegios.