La senadora del PAN Guadalupe Murguía destaca diagnóstico realista de la Fiscalía, 9 de cada 10 delitos no se investigan
Por Félix Muñiz
En un ejercicio que abrió debate sobre el futuro de la justicia en México, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó en el Senado su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, donde reconoció la existencia de una grave cifra negra de delitos, una realidad que fue subrayada por la senadora del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez, al advertir que nueve de cada diez delitos no se denuncian ni se investigan.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, la abogada de la nación Ernestina Godoy delineó una propuesta de transformación institucional basada en diez ejes estratégicos que buscan modernizar a la (FGR), fortalecer la inteligencia criminal, profesionalizar al personal ministerial y colocar a las víctimas en el centro de la política pública.
Con un tono de crítica positiva, la presentación dejó ver coincidencias y cuestionamientos relevantes. La propia senadora panista Guadalupe Murguía reconoció que se trata del instrumento de planeación “más serio” revisado en años, al partir —dijo— de un diagnóstico honesto sobre impunidad, desconfianza ciudadana y corrupción.
Uno de los puntos que marcó la discusión fue precisamente el reconocimiento oficial de la cifra negra del 90 por ciento de delitos, un fenómeno que representa uno de los mayores desafíos para la procuración de justicia.
la legisladora queretana Murguía Gutiérrez planteó que, aunque el documento reconoce esa problemática, no establece un eje específico para combatirla, ni metas, indicadores o plazos que permitan evaluar resultados.
El señalamiento fue relevante porque abrió espacio para fortalecer el plan. En lugar de una confrontación, el intercambio mostró una ruta de construcción institucional: un proyecto ambicioso, pero perfectible.
Ernestina Godoy defendió que el nuevo modelo deja atrás esquemas reactivos para transitar hacia investigaciones estratégicas, con prioridad en feminicidio, desaparición, delincuencia organizada, narcotráfico, extorsión y delitos relacionados con combustibles.
El uso de inteligencia, tecnología y coordinación con el Gabinete de Seguridad, Guardia Nacional y fiscalías estatales aparece como uno de los pilares de esta nueva etapa.
Otro elemento destacado fue la insistencia en que la Fiscalía actuará sin sesgos partidistas. Godoy sostuvo que la procuración de justicia no debe responder a colores políticos, sino a una visión de Estado, con autonomía y respeto a derechos humanos.
Sin embargo, desde una crítica constructiva, Guadalupe Murguía advirtió que el reto no es solo diseñar un plan robusto, sino garantizar recursos para hacerlo viable. Señaló que sin presupuesto suficiente, profesionalización, mecanismos de evaluación y autonomía real, el proyecto podría quedar en un catálogo de buenas intenciones.
También llamó la atención sobre la necesidad de atender casos paradigmáticos como Ayotzinapa, Segalmex y el huachicol fiscal, así como fortalecer cooperación internacional con agencias como DEA, FBI y Europol.
El saldo político fue significativo: una fiscal que reconoce rezagos históricos y una oposición que, más allá de cuestionar, plantea ajustes para robustecer la estrategia.