El viraje hacia el fracking exhibe contradicciones del oficialismo y deja al descubierto la vulnerabilidad estructural de México
Por Félix Muñiz
La reciente apertura del gobierno federal hacia el uso de tecnologías no convencionales para la extracción de gas natural —particularmente el fracking— no solo marca un giro en la política energética nacional, sino que confirma, con retraso y a regañadientes, los costos de una postura ideológica que durante años frenó decisiones estratégicas.
En entrevista las declaraciones del coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, no son menores: apuntan directamente a lo que califica como “telarañas mentales” del sexenio anterior, una crítica que, más allá del tono, pone sobre la mesa una realidad incómoda.
Durante años, el discurso oficial rechazó tajantemente cualquier método asociado al fracking bajo el argumento de la soberanía energética y la protección ambiental.
Sin embargo, el legislador panista por el Estado de Querétaro Ricardo Anaya señalo que el resultado ha sido exactamente el contrario: una dependencia creciente del gas natural importado, principalmente desde Estados Unidos.
Hoy, más del 75% del consumo nacional proviene del extranjero, una cifra que evidencia no solo la falta de autosuficiencia, sino una vulnerabilidad crítica.
El problema no es menor. México cuenta, según especialistas, con reservas importantes de gas natural. No obstante, la negativa a utilizar tecnologías disponibles y a permitir asociaciones estratégicas con el sector privado dejó esos recursos enterrados, mientras al otro lado de la frontera se extrae el mismo energético con métodos que aquí fueron prohibidos.
El absurdo es evidente: se rechaza la producción nacional, pero se consume sin reparo el producto importado bajo las mismas técnicas.
La advertencia del senador panista Anaya Cortés, es clara y preocupante: México apenas tiene capacidad de almacenamiento para cubrir dos días de demanda en caso de un corte en el suministro. En contraste, países europeos mantienen reservas equivalentes a meses de consumo. Esta fragilidad no es resultado del azar, sino de decisiones políticas que privilegiaron la narrativa sobre la planeación.
En este contexto, el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar el fracking a partir del próximo año representa un reconocimiento implícito del error. Pero también abre un flanco político delicado: el distanciamiento con la línea de su antecesor. Lo que antes se calificaba como “privatización encubierta”, hoy se presenta como una solución necesaria. La contradicción es inevitable.
Más allá del debate técnico, el fondo del problema radica en la falta de consistencia en la política energética. El rechazo sistemático a la inversión privada, sumado a la limitada capacidad tecnológica de Pemex, derivó en un estancamiento productivo que ahora se intenta revertir con urgencia. Pero ocho años no pasan en vano: la infraestructura no se construyó, las reservas no se explotaron y la dependencia se profundizó.
A ello se suma un entorno económico adverso, con bajo crecimiento e inflación al alza. Atribuir estos problemas únicamente a factores externos resulta, como señala Anaya, una explicación insuficiente. La política energética no es un tema aislado; impacta directamente en la competitividad industrial, los costos de producción y la estabilidad económica del país.
El viraje hacia el fracking puede ser necesario, pero llega tarde. Y en política pública, el tiempo perdido suele pagarse caro.