Advierte que son modificaciones tramposas, engañosas, cosméticas y con tintes autoritarios
Por Félix Muñiz
La llegada al Senado del llamado Plan B de la Reforma Electoral —causo reacciones en el poder legislativo y el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez señalo que no debería celebrarse como un acto democrático, sino advertirse como una peligrosa maniobra cosmética de la clase gobernante.
Más allá de los titulares oficiales que promueven supuestos ahorros y ajustes técnicos, este Plan B revela un paquete de modificaciones que tienen poco de reforma sustantiva y mucho de truco político para concentrar poder y debilitar contrapesos esenciales.
Lo que la presidenta de México Claudia Sheinbaum y sus aliados llaman “Plan B” no es un ejercicio de modernización democrática, sino un conjunto de cambios que, en realidad, obedecen más a intereses de partido que al bienestar institucional del país.
Como explicó el político coahuilense Rubén Moreira desde la Cámara de Diputados, esta propuesta contiene elementos que parecen diseñados para favorecer a la élite gobernante a costa de la transparencia, la pluralidad y la fortaleza de las instituciones electorales.
- ¿Reforma electoral o revocación de campaña disfrazada?
La primera trampa evidente del Plan B es su uso político de la figura de la revocación de mandato. Los críticos han señalado que esta modificación, lejos de ser neutral, permite a la presidenta Claudia Sheinbaum hacer campaña con recursos públicos y con todas las ventajas de su cargo mientras se desarrollan elecciones de diputados, gobernadores, alcaldes e incluso jueces. Esto distorsiona radicalmente los principios de equidad política y favorece la perpetuación del poder del partido en el gobierno.
- Centralismo disfrazado de ahorro
El Plan B proclama una austeridad presupuestaria, pero su efecto real es el debilitamiento de los órganos locales de fiscalización. No se trata de una verdadera reducción de sueldos a legisladores locales como se ha difundido, sino de disminuir el presupuesto de auditorías locales dependientes de los congresos estatales. El resultado: menos fiscalización, menor transparencia y gobernadores —especialmente los de Morena— con menos contrapesos efectivos.
- Retroceso en paridad de género
En un país que lucha por avanzar en igualdad, el Plan B propone eliminar la paridad de género en ayuntamientos. Una contradicción brutal en nombre de una supuesta modernización, pero que en realidad erosiona uno de los pocos mecanismos que han elevado la participación política femenina en niveles históricos.
- Engaños retóricos
Los promotores del Plan B aseguran que van a reducir los sueldos de líderes políticos, pero olvidan mencionar que muchos no perciben salario por su cargo partidario sino por otras funciones públicas, como legisladores. Esto no es reducción sustantiva, es retórica de campaña.
- Ahorros ilusorios
Otro de los pilares discursivos del Plan B es que generará ahorros presupuestales millonarios. Sin embargo, hablar de austeridad electoral mientras se ignoran gastos opacos como los multimillonarios desbordes de obras públicas —por ejemplo, miles de millones perdidos en el Tren Maya el año anterior— muestra una desconexión entre la narrativa oficial y la realidad presupuestaria (y una oportunidad fallida de verdad para ajustar gastos).
- Ignorar a pueblos indígenas
Una señal de cómo no se respetan los principios constitucionales es la ausencia de consulta a pueblos indígenas cuando la reforma modifica la composición de ayuntamientos en territorios originarios. Esa omisión no es menor; es una violación directa a la Constitución que debería invalidar cualquier avance legislativo.
- Omisiones graves: sobrerrepresentación y crimen
Finalmente, el Plan B omite temas esenciales que debieron abordarse: no hay propuestas claras para resolver la sobrerrepresentación ni mecanismos contundentes para evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. Dos problemas que hoy caminan en paralelo a la crisis de confianza en las instituciones.
Más allá de la técnica: ¿hacia una democracia fallida?
Si algo ha quedado claro en el debate nacional —reflejado también en la crítica de figuras como Porfirio Muñoz Ledo y otros analistas— es que el Plan B carece de técnica parlamentaria sólida, está lleno de inconsistencias y parece una caja de ocurrencias más que una reforma política seria. Su prisa y falta de discusión profunda son síntomas de un intento de consolidar una hegemonía partidista más que de fortalecer la democracia mexicana.
Informarse, participar y protestar no es solo un derecho, sino una obligación cívica en momentos en que la institucionalidad está en juego. La democracia no se defiende con cosméticos, se defiende con instituciones fuertes, procesos claros y contrapesos efectivos.