Traza Sheinbaum ruta para las elecciones donde aparte de señalar y censurar a periodistas y ciudadanos, los quiere condenar con los jueces del acordeón.
Por Félix Muñiz
El diputado del PAN Federico Döring, lanzó una severa crítica contra el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al asegurar que los nuevos lineamientos en materia de comunicación representan un mecanismo de censura destinado a silenciar a ciudadanos, periodistas y medios de comunicación que cuestionen a la administración federal o exhiban presuntos actos de corrupción y nexos del crimen organizado con integrantes de Morena.
Durante un posicionamiento público, el legislador panista Federico Doring sostuvo que el Gobierno federal busca imponer un modelo de control informativo similar al de regímenes autoritarios como Cuba y Venezuela. Según Döring, al no poder frenar la difusión de información sobre personajes ligados a la llamada “narcopolítica”, la administración federal pretende recurrir a mecanismos legales para intimidar y sancionar a quienes expresen opiniones críticas.
El diputado recordó que anteriormente, durante la discusión de la Ley de Telecomunicaciones, Morena impulsó modificaciones que, bajo el argumento de combatir contenidos extranjeros, abrían la puerta para limitar el funcionamiento de las redes sociales. A su juicio, esa estrategia ahora se transforma en nuevos lineamientos que, afirmó, buscan convertir al Gobierno en el único árbitro de la verdad.
“Quieren que únicamente pueda decirse lo que el Gobierno considere verdadero y que todo lo demás sea ocultado”, acusó Döring, quien además sostuvo que existe una amenaza real de utilizar demandas por daño moral para llevar ante tribunales a periodistas, comunicadores y ciudadanos que cuestionen al poder.
El legislador panista afirmó que estas medidas también tendrían el propósito de impedir que continúen difundiéndose casos como el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como los señalamientos dirigidos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quienes vinculó políticamente con la estrategia de protección del oficialismo.
Por su parte, la diputada local Laura Álvarez Soto llamó al Congreso a abrir foros públicos donde participen periodistas, especialistas y organizaciones civiles para analizar el alcance de estos lineamientos. Consideró que limitar la libertad de expresión afectaría directamente el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y objetiva, especialmente en los procesos electorales.
En el mismo sentido, el secretario general del PAN en la Ciudad de México, Héctor Barrera Marmolejo, cuestionó que el Gobierno pretenda establecer criterios sobre la veracidad de la información cuando, dijo, la propia presidenta ha emitido declaraciones contra diversos sectores sin enfrentar consecuencias legales.
Los legisladores panistas advirtieron que, con un Poder Judicial que califican como “el de los acordeones”, cualquier ciudadano o periodista crítico podría enfrentar procesos judiciales por expresar opiniones incómodas para el oficialismo.
Desde la oposición sostienen que estos lineamientos representan un riesgo para la libertad de expresión y el derecho a la información, al considerar que favorecerían un ambiente de autocensura y reducirían el escrutinio público sobre los actos del poder.