Advierte que la impunidad y la falta de investigaciones objetivas debilitan la soberanía y ponen en riesgo a las familias mexicanas
Por Félix Muñiz
La creciente preocupación por los presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales volvió a encender el debate nacional luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtiera que el verdadero problema no radica únicamente en cuántos gobernadores o integrantes de Morena son investigados, sino en la capacidad del Estado mexicano para impedir que la protección a los narcopolíticos se convierta en una práctica generalizada.
La legisladora panista Kenia López sostuvo que resulta preocupante y lamentable que las acusaciones sobre presuntos nexos entre funcionarios mexicanos y el narcotráfico provengan del extranjero, evidenciando las deficiencias de las instituciones nacionales para investigar y sancionar este tipo de conductas.
“Más allá de que sean un par de gobernadores o todo Morena quienes están siendo investigados, lo importante es qué hacemos nosotros como Estado mexicano para evitar que esa práctica de proteger a los criminales y a los narcopolíticos siga generalizándose”, afirmó.
Las declaraciones de López Rabadán reflejan una problemática que trasciende los colores partidistas y que exige respuestas institucionales contundentes. La legisladora consideró que cualquier señalamiento relacionado con posibles vínculos entre actores políticos y el crimen organizado debe ser investigado de manera imparcial, sin importar la militancia de los involucrados.
Según explicó, las acusaciones no se limitan a un grupo específico de personas en Sinaloa, sino que podrían alcanzar a otras entidades del país, lo que obliga a las autoridades a actuar con responsabilidad y transparencia para ofrecer certeza a la ciudadanía.
La presidenta de la Cámara de Diputados subrayó que la verdadera defensa de la soberanía nacional no consiste en descalificar las denuncias, sino en garantizar que las fiscalías funcionen adecuadamente y que existan investigaciones objetivas que permitan castigar a quienes hayan colaborado con organizaciones criminales.
Asimismo, lamentó que pese a los señalamientos públicos sobre presuntas alianzas entre autoridades y cárteles, no existan avances visibles que permitan conocer la verdad y sancionar a los responsables. A su juicio, la falta de acción genera desconfianza social y alimenta la percepción de impunidad.
López Rabadán advirtió que proteger a los políticos vinculados con actividades ilícitas envía un mensaje peligroso a la sociedad, pues fortalece la idea de que el poder puede utilizarse para evadir la justicia. Frente a este escenario, planteó la necesidad de fortalecer las instituciones de procuración de justicia, garantizar investigaciones independientes y construir mecanismos efectivos que impidan la infiltración del crimen organizado en la vida pública del país.
La legisladora concluyó que solo mediante la aplicación imparcial de la ley será posible recuperar la confianza ciudadana y proteger la estabilidad democrática de México.