Sostuvo que cualquier convenio de colaboración con autoridades extranjeras debe revisarse conforme a la ley y a los procedimientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Por Félix Muñiz
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, consideró que antes de plantear un llamado al embajador de Estados Unidos en México, Donald Johnson, para aclarar la participación estadounidense en una academia destinada a profesionalizar policías en delitos federales en Querétaro, primero deben conocerse todos los antecedentes y verificarse si se cumplieron los requisitos legales.
El senador de Morena por el Estado de Puebla Ignacio Mier respaldó la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó la necesidad de revisar si existió una solicitud formal ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y en qué términos se desarrolló el encuentro relacionado con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri.
“Si no se tienen los elementos, no hay que emitir juicios”, sostuvo el senador, al considerar que cualquier pronunciamiento debe estar sustentado en información verificable y no en interpretaciones anticipadas.
El legislador explicó que los convenios de colaboración entre autoridades estatales o municipales y gobiernos extranjeros deben sujetarse a lo establecido por la Constitución, las leyes mexicanas y los procedimientos que determine la Cancillería, particularmente cuando están relacionados con tratados y acuerdos bilaterales.
La posición de Mier Velazco coloca el debate sobre la profesionalización de policías en delitos federales en Querétaro en un terreno institucional: antes de cuestionar la presencia o cooperación de un representante diplomático estadounidense, resulta indispensable determinar quién solicitó la capacitación, bajo qué condiciones, qué autoridad mexicana la autorizó y cuál es el marco jurídico que la sustenta.
El llamado a la prudencia, sin embargo, también deja abierta una interrogante relevante: la cooperación internacional en materia de seguridad requiere transparencia suficiente para que el Poder Legislativo y la sociedad conozcan sus alcances, objetivos y límites.
En ese sentido, solicitar información no necesariamente implica confrontación diplomática. Puede constituir un ejercicio de rendición de cuentas para evitar que acuerdos de seguridad se desarrollen bajo zonas grises o interpretaciones políticas.
Mier insistió en que no existe, por ahora, razón para considerar agraviado al embajador Johnson, pues tampoco se ha formulado un señalamiento definitivo contra el gobernador Kuri. Primero, dijo, deben revisarse los antecedentes y después emitir un juicio.
El planteamiento refleja una tensión frecuente en materia de seguridad: la necesidad de cooperación internacional frente a la obligación de preservar los procedimientos constitucionales y la soberanía institucional. La clave, en este caso, será conocer la información completa antes de convertir una colaboración policial en un conflicto diplomático.