Con 24 votos a favor y 11 en contra, la mayoría oficialista aprueba reforma constitucional entre críticas por centralismo y posibles afectaciones al federalismo
Por Félix Muñiz
Con los votos en contra de la oposición y bajo lo que legisladores calificaron como una “aplanadora” legislativa, Morena y sus aliados aprobaron en Comisiones del Senado el proyecto de reforma constitucional para reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato.
El dictamen, avalado con 24 votos a favor y 11 en contra en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, modifica cuatro artículos de la Constitución y forma parte del llamado “Plan B” en materia electoral.
La propuesta deriva de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contempla reformas a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo declarado es regular la revocación de mandato, establecer límites al número de regidurías en los municipios, fijar topes al presupuesto de los congresos estatales y acotar las remuneraciones de funcionarios electorales.
En el artículo 35 se establece que la revocación de mandato del titular del Ejecutivo federal podrá solicitarse una sola vez, dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año de gobierno, y que la consulta se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del periodo constitucional.
También se permite que la persona sujeta a revocación promueva el voto a su favor, aunque se prohíbe el uso de tiempos oficiales y la contratación de propaganda. Además, durante los 60 días previos a la jornada deberá suspenderse la difusión de propaganda gubernamental.
Sin embargo, desde la oposición se advirtió que el diseño de la reforma podría generar inequidades. El senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, calificó la iniciativa como la reforma constitucional “más pobre” enviada por el Ejecutivo y acusó que no atiende temas de fondo como la presunta intervención del crimen organizado en elecciones ni la sobrerrepresentación legislativa.
La modificación al artículo 115 fija un límite de una sindicatura y hasta 15 regidurías por ayuntamiento, bajo criterios de paridad de género vertical y horizontal, igualdad sustantiva y perspectiva de género. Para críticos como el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, esta disposición vulnera el federalismo al imponer desde el ámbito federal reglas homogéneas a realidades municipales diversas.
En cuanto al artículo 116, se establece que el presupuesto anual de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad. Asimismo, deberán observarse principios de paridad e igualdad sustantiva en la integración y funcionamiento de los congresos estatales.
La reforma al artículo 134 dispone que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales —tanto del Instituto Nacional Electoral como de organismos locales— no podrán superar el salario del presidente de la República. También se prohíbe la contratación de seguros privados y regímenes especiales de retiro con recursos públicos.
Desde el PRI, la senadora Claudia Edith Anaya Mota acusó que la reforma “mancilla la Constitución” y representa una imposición de la mayoría oficialista. En contraste, el senador del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo, defendió que la reducción de privilegios permitirá liberar recursos para infraestructura y programas sociales.
Aunque Morena sostiene que la reforma fortalece la democracia y promueve la austeridad, la oposición advierte que el “Plan B” en materia electoral podría concentrar decisiones en el centro y debilitar contrapesos institucionales. El dictamen será turnado al Pleno del Senado, donde se anticipa un nuevo capítulo de confrontación política.