La iniciativa busca garantizar control judicial y reglas claras para evitar violaciones a derechos en el combate al crimen financiero
Por Félix Muñiz
En medio de crecientes preocupaciones por posibles excesos en el sistema financiero mexicano, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa para frenar el bloqueo arbitrario de cuentas bancarias y establecer controles judiciales que protejan los derechos de los ciudadanos.
La propuesta surge en un contexto donde, el legislador priista Rubén Moreira describe que las autoridades pueden congelar recursos financieros sin una orden judicial previa y con base en criterios poco claros. Esta situación, advirtió, pone en riesgo el acceso de las personas a su propio dinero y vulnera principios fundamentales como la presunción de inocencia.
“El problema no es combatir el crimen, sino cómo se hace”, sostuvo Moreira Valdez al detallar que actualmente una misma autoridad puede investigar, decidir y ejecutar el bloqueo de cuentas sin contrapesos efectivos. En su diagnóstico, esto abre la puerta a abusos y decisiones discrecionales que afectan incluso a ciudadanos sin vínculos comprobados con actividades ilícitas.
La iniciativa del PRI señaló el ex gobernador de Coahuila plantea modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito para corregir estas fallas estructurales. Entre los puntos centrales destaca que cualquier congelamiento de cuentas bancarias deberá pasar por la autorización de un juez de control, lo que implicaría un cambio sustancial frente al esquema vigente, donde instancias administrativas pueden ordenar estos bloqueos.
Además, propone definir con claridad qué constituye un “indicio suficiente”, estableciendo que las pruebas deben ser objetivas, verificables y provenientes de fuentes institucionales distintas a la autoridad que solicita la medida. También se requeriría la existencia de un riesgo real de dispersión u ocultamiento de recursos para justificar el bloqueo.
Desde una perspectiva crítica, la propuesta pone sobre la mesa una tensión persistente en la política pública: cómo equilibrar la eficacia en el combate al lavado de dinero con la protección de derechos fundamentales. En este sentido, especialistas han señalado que México ha avanzado en mecanismos de inteligencia financiera, pero aún enfrenta desafíos en materia de debido proceso.
El planteamiento de Moreira apunta precisamente a cerrar esa brecha. Entre las garantías que busca incorporar se encuentran el derecho de los usuarios a ser notificados oportunamente, la posibilidad de defenderse antes o durante la medida, y la prohibición de decisiones basadas únicamente en sospechas no corroboradas.
No obstante, el reto será lograr que estas reformas no debiliten las herramientas del Estado frente a delitos complejos como el financiamiento al terrorismo o el crimen organizado. La clave, según el propio legislador, está en construir un sistema con reglas claras que permita actuar con firmeza, pero sin arbitrariedad.
La iniciativa también responde a resoluciones y debates recientes en la Suprema Corte de Justicia, donde se han evidenciado vacíos legales que permiten la congelación de cuentas sin controles suficientes.