Mientras en Estados Unidos se confirma la participación de la CIA en un operativo antinarcóticos en Chihuahua, el gobierno federal mexicano responde con evasivas que erosionan la credibilidad institucional
Por Félix Muñiz
La tragedia ocurrida el pasado domingo en Chihuahua —donde murieron cuatro personas tras un operativo contra el crimen organizado— no solo expone los riesgos inherentes a la lucha contra los cárteles, sino también una grieta cada vez más profunda en la transparencia del gobierno federal. Entre las víctimas se encontraban dos agentes de la CIA y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación, quienes regresaban de una acción coordinada cuando ocurrió el accidente en una carretera mexicana.
La controversia no radica únicamente en el lamentable desenlace, sino en la manera en que la información ha sido manejada a ambos lados de la frontera. En Estados Unidos, la confirmación fue clara y directa: se trataba de un operativo antinarcóticos con participación activa de la CIA. En México, en contraste, la narrativa desde la llamada “Mañanera” se ha caracterizado por ambigüedades, omisiones y una preocupante falta de precisión.
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha sido contundente al señalar que esta disparidad informativa “golpea la credibilidad y la confianza”. Y no es para menos. En un contexto donde la seguridad nacional está en juego, la opacidad no solo es irresponsable, sino peligrosa.
Desde el PRI se ha reiterado el respaldo a las operaciones conjuntas y a la cooperación binacional como herramientas indispensables para combatir al crimen organizado. La coordinación entre México y Estados Unidos no es una opción, sino una necesidad ante una amenaza que cobra miles de vidas cada año. Sin embargo, esta colaboración parece estar transitando por canales paralelos, muchas veces directamente entre autoridades estatales y agencias extranjeras, dejando de lado a la Federación.
El trasfondo es aún más inquietante: la falta de confianza en el gobierno encabezado por MORENA. Cuando los estados optan por establecer vínculos operativos sin el respaldo pleno del gobierno federal, se evidencia una fractura institucional que debilita la estrategia de seguridad en su conjunto. Chihuahua, en este caso, se convierte en un ejemplo claro de cómo las entidades buscan proteger a su población ante la incertidumbre federal.
Hoy, las preguntas superan con creces a las respuestas. ¿Por qué se minimiza o diluye la información? ¿Qué se intenta ocultar? ¿Quién asume la responsabilidad política de esta falta de claridad?
En temas de seguridad nacional, el silencio no es neutral: es cómplice. La confianza ciudadana no se construye con discursos ambiguos ni con versiones a medias. Se edifica con verdad, con transparencia y, sobre todo, con resultados. México merece algo mejor que la opacidad sistemática. Merece certeza.