Ricardo Anaya, Jorge Romero y Elías Lixa advierten sobre un posible “ministerio de la verdad” y proponen reformas para blindar la libertad de expresión y garantizar el derecho de réplica
Por Félix Muñiz
La bancada del PAN en el Senado presentó una ofensiva legislativa contra lo que considera un intento del gobierno de Morena por controlar la información, limitar la crítica y establecer mecanismos de censura bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, acompañado por los coordinadores parlamentarios Ricardo Anaya Cortés y Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que el Gobierno Federal debe garantizar el derecho de réplica, particularmente frente al enorme alcance de las conferencias mañaneras.
“Si tan preocupados están por los derechos de las audiencias, empecemos por reconocer que si hay un espacio comunicativo absolutamente desproporcional es el de la mañanera”, afirmó.
Romero Herrera acusó que la administración de la llamada Cuarta Transformación pretende establecer una especie de “ministerio de la verdad” capaz de decidir qué puede decirse en los medios, qué constituye una opinión y cuáles contenidos pueden difundirse.
La crítica panista apunta a los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias, cuyo alcance, advirtió el dirigente, podría extenderse más allá de la radio y la televisión hacia la prensa escrita y las plataformas digitales.
El señalamiento más severo provino de Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, quien aseguró que las nuevas disposiciones podrían utilizarse para “callar y silenciar” a periodistas, ciudadanos y opositores incómodos para el poder.
Anaya cuestionó que una autoridad reguladora pueda determinar si una información es verdadera, falsa o está fuera de contexto y, a partir de ello, impedir su difusión. Advirtió además que los medios podrían enfrentar sanciones económicas de hasta uno por ciento de sus ingresos anuales por cada transmisión considerada contraria a los lineamientos.
Para el panista, el problema de fondo es que un órgano gubernamental pueda terminar definiendo qué información puede conocer la sociedad. En ese contexto, mencionó los señalamientos sobre presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado, así como acusaciones relacionadas con el gobierno de Sinaloa.
El PAN pretende responder a este escenario con una batería de reformas. Entre ellas plantea modificar el artículo 6º constitucional para ampliar los sujetos obligados y garantizar que el Gobierno Federal también otorgue derecho de réplica ante señalamientos emitidos desde espacios oficiales.
Elías Lixa anunció además una reforma al artículo 38 constitucional para sancionar a servidores públicos que utilicen recursos públicos para intimidar, acosar, silenciar o denostar a periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos críticos.
También se propone reformar la legislación reglamentaria del artículo 6º para establecer un plazo de tres días para que el Estado responda jurídicamente a una solicitud de réplica.
Finalmente, Acción Nacional impulsará una nueva Ley de Comunicación Social para impedir que los gobiernos utilicen recursos públicos y espacios oficiales con fines de promoción política durante procesos electorales.
La ofensiva legislativa del PAN coloca nuevamente en el centro del debate nacional la libertad de expresión. Más allá de la disputa partidista, el reto consiste en impedir que la protección de las audiencias termine convirtiéndose en una herramienta para controlar el discurso público.
El mensaje de Acción Nacional es contundente: México necesita más pluralidad, más voces y mayor contraste informativo, no mecanismos que puedan utilizarse para silenciar a quienes cuestionan al poder.