La senadora Ivideliza Reyes Hernández recurrió a un video durante la sesión del Senado para vincular políticamente a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral con el exmandatario
Por Félix Muñiz
La independencia de las autoridades electorales volvió al centro de la confrontación política en el Senado, luego de que la legisladora del PAN Ivideliza Reyes Hernández señalara al expresidente Andrés Manuel López Obrador como el “Padre Político” de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
Mediante una moción de ilustración, mientras se recordaba la defensa del Heroico Puerto de Guaymas, Sonora, en 1954, la senadora panista por el Estado de Nayarit presentó un video con el que buscó respaldar su posicionamiento sobre la relación política entre Taddei y el exmandatario.
“Solo quería que quedara muy claro: ¿quién es el padre político de Taddei? Y efectivamente, es Andrés Manuel López Obrador”, sostuvo Reyes Hernández, al exponer su crítica contra la anterior conducción del organismo electoral.
La legisladora también vinculó el episodio histórico de Guaymas con la disputa política actual y afirmó que, así como el Ejército defendió ese puerto, los mexicanos defenderán al país y buscarán sacar a Morena del poder.
El pronunciamiento refleja la estrategia de Acción Nacional de cuestionar la autonomía y la imparcialidad de las instituciones electorales, particularmente ante la cercanía de los comicios de 2027. Sin embargo, la utilización de un video y la formulación de una acusación política no constituyen, por sí mismas, una demostración de subordinación institucional.
La discusión exige distinguir entre afinidades, respaldos políticos y responsabilidades legales. La independencia del INE no depende únicamente de quién apoyó o favoreció políticamente a sus integrantes, sino de que sus decisiones se ajusten a la ley, estén debidamente fundamentadas y puedan someterse a mecanismos de revisión.
En ese sentido, el señalamiento de la senadora panista coloca sobre la mesa una pregunta relevante para la democracia mexicana: ¿qué garantías existen para impedir que los intereses partidistas influyan en las autoridades encargadas de organizar las elecciones?
La respuesta requiere argumentos verificables, transparencia en los nombramientos y vigilancia ciudadana, más allá de la confrontación entre partidos.
De cara a 2027, el reto para todas las fuerzas políticas será defender la integridad electoral con propuestas concretas y evidencias, no solamente con descalificaciones. La autonomía de los órganos electorales es un asunto de interés público que debe discutirse con rigor, porque la confianza ciudadana constituye una condición indispensable para que los resultados de las urnas sean reconocidos y respetados.