El debate exhibe fracturas, señalamientos de autoritarismo y críticas por la revocación de mandato rumbo a 2027
Por Félix Muñiz
El debate sobre el Plan B de la Reforma Electoral volvió a encender el pleno del Senado en medio de acusaciones cruzadas, descalificativos y advertencias sobre un intento de manipular el escenario electoral rumbo a 2027.
En una sesión marcada por la confrontación, el Partido del Trabajo (PT) respaldó el dictamen en lo general, pero se desmarcó del apartado relativo a la revocación de mandato, evidenciando tensiones dentro del bloque oficialista.
De entrada, en un amplio surtido de exposiciones, el senador del Partid del Trabajo Alberto Anaya Gutiérrez anunció el voto a favor al Plan B, en lo general, pero advirtió que en lo particular no coinciden con la redacción del artículo 35 en materia de revocación de mandato
La discusión giró en torno a las reformas constitucionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en lo referente a la reducción de privilegios y los cambios en la figura de la revocación de mandato.
Mientras Morena y sus aliados defendieron el proyecto como un paso hacia la austeridad y la participación ciudadana, la oposición lo calificó como una estrategia para concentrar poder y allanar el camino a una intervención presidencial en los comicios de 2027.
Desde la tribuna, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, del PRI, lanzó duras críticas contra lo que denominó un “fraudulento Plan B”.
Acusó a Morena de pretender una “intervención descarada” de la titular del Ejecutivo en las elecciones federales y advirtió que la reforma representa una amenaza directa a la democracia.
En su intervención, utilizó una serie de calificativos para describir la iniciativa: “burda”, “bastarda”, “bizarra” y “bajeza”, insistiendo en que el verdadero objetivo es asegurar el triunfo oficialista en 2027.
Ávalos fue más allá y comparó la propuesta con una “Ley Maduro”, al señalar que busca concentrar poder y reducir libertades. Según su postura, el país enfrenta problemas urgentes en materia de seguridad, educación y empleo, mientras el oficialismo estaría enfocado exclusivamente en la contienda electoral.
En el mismo tono crítico se expresó la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, quien dividió su posicionamiento en dos ejes: “torpeza e ignorancia” y “trampa y cinismo”. Acusó errores técnicos en la redacción inicial de la iniciativa, particularmente en lo relativo a la paridad de género en ayuntamientos y la reorganización del número de regidores municipales, aspectos que —afirmó— tuvieron que corregirse en el Senado.
Sin embargo, el señalamiento más severo se centró en la revocación de mandato. Para la legisladora panista, el rediseño propuesto abre la puerta a que la presidenta participe activamente en campañas concurrentes en 2027, lo que vulnera el principio histórico de “sufragio efectivo, no reelección”.
Acusó a Morena de buscar “reelección disfrazada” y de intentar constitucionalizar prácticas que en el pasado fueron prohibidas para evitar la injerencia presidencial en procesos electorales.
El respaldo del PT al Plan B en lo general, pero su rechazo al apartado de revocación de mandato, revela fisuras estratégicas dentro de la mayoría legislativa. Aunque el partido mantuvo su acompañamiento al proyecto central, marcó distancia en el punto más polémico, consciente del costo político que podría implicar ante la opinión pública.
Así, el Plan B de la Reforma Electoral no solo redefine reglas constitucionales, sino que también se convierte en el epicentro de una batalla narrativa sobre el futuro democrático del país.