Karla Toledo y Anabell Ávalos advierten que las modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial podrían alcanzar a periodistas, ciudadanos y creadores de contenido
Por Félix Muñiz
Las senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Karla Toledo Zamora y Anabell Ávalos Zempoalteca, advirtieron sobre el riesgo de que la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial termine convirtiéndose en una herramienta para restringir la libertad de expresión y sancionar contenidos de carácter informativo, satírico o de crítica política.
Karla Toledo sostuvo que debe existir una diferencia clara entre perseguir la suplantación de una institución con fines de fraude y castigar el uso de elementos gráficos oficiales dentro de contenidos periodísticos, humorísticos o de denuncia. El problema, señaló, aparece cuando una norma deja espacios para interpretaciones que puedan terminar afectando a ciudadanos, periodistas y creadores de contenido.
La legisladora del PRI por el Estado de Campeche Carla Toledo advirtió que, sin excepciones expresas, podrían quedar bajo sospecha materiales como memes, videos, caricaturas, parodias y otros contenidos utilizados para cuestionar a autoridades o exhibir problemas públicos.
A su juicio, combatir el fraude y la falsificación es una obligación del Estado, pero esa tarea no debe confundirse con la persecución de expresiones incómodas.
El riesgo de fondo, planteó, es que sean las propias autoridades quienes terminen determinando qué contenidos resultan aceptables y cuáles podrían ser sancionables. En una democracia, dijo, la crítica política y la sátira forman parte del debate público, incluso cuando resultan incómodas para quienes ejercen el poder.
La legisladora de Tlaxcala Anabell Ávalos coincidió en que la reforma puede representar una nueva restricción para quienes cuestionan al gobierno. Señaló que el humor, la sátira y la crítica han sido históricamente recursos utilizados por la sociedad para exhibir abusos, deficiencias y problemas públicos, por lo que las leyes no deberían convertirse en mecanismos para silenciar opiniones contrarias a las autoridades.
Ambas legisladoras confirmaron que el PRI votará en contra de la reforma y demandaron límites jurídicos precisos para distinguir la comisión de delitos del ejercicio de la libertad de expresión.
Toledo Zamora resumió su posición al señalar que “un gobierno democrático combate el fraude, no la crítica”, mientras Ávalos Zempoalteca defendió que la libertad de expresión debe mantenerse protegida frente a cualquier gobierno.
La discusión deja así una pregunta central: ¿hasta dónde puede llegar el combate a la suplantación y la falsificación sin convertir el derecho penal en un instrumento que termine inhibiendo la crítica política?