Afirmó que mientras Sinaloa enfrenta la violencia, el gobierno federal asigna seguridad a un exgobernador señalado incluso por autoridades de Estados Unidos
Por Félix Muñiz
La asignación de seguridad federal a Rubén Rocha Moya, tras solicitar licencia como gobernador de Sinaloa, ha encendido una fuerte polémica política y social.
El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas lanzó una crítica severa al señalar que el exmandatario sinaloense, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado, está siendo protegido por elementos de la Guardia Nacional, financiados con recursos públicos, mientras la ciudadanía enfrenta sola la violencia.
La denuncia no es menor. Rocha Moya ha sido señalado incluso por autoridades de Estados Unidos, lo que agrava las sospechas sobre su relación con estructuras criminales. Aun así, el gobierno federal decidió rodearlo de protección institucional, en un contexto donde miles de familias sinaloenses viven bajo el asedio del narcotráfico, sin protección efectiva del Estado.
“¿Por qué lo están cuidando y de qué lo están cuidando?”, cuestionó el senador priista Alejandro Moreno, poniendo sobre la mesa una interrogante que resuena en amplios sectores de la sociedad. La percepción de que el poder se protege a sí mismo, mientras abandona a los ciudadanos, alimenta la narrativa de un Estado rebasado —o peor aún, sometido— por el crimen organizado.
El contraste es brutal. Mientras comunidades enteras en Sinaloa padecen enfrentamientos armados, extorsiones y desapariciones, el aparato de seguridad nacional se destina a resguardar a un personaje bajo sospecha. Para el PRI, esto constituye un uso indebido de las instituciones y una muestra clara de privilegios que contradicen el discurso oficial de combate a la corrupción.
La crítica también apunta directamente al gobierno de Morena, al que se acusa de actuar con doble rasero. Por un lado, se promete justicia y combate frontal al crimen; por otro, se asignan recursos del Estado para proteger a figuras cuestionadas. Esta incongruencia, advierten, erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho.
El llamado es claro: si existen investigaciones contra Rocha Moya, deben avanzar sin dilación. Y si hay elementos que acrediten delitos, las autoridades deben actuar con firmeza. La exigencia no es política, sino institucional: la ley debe aplicarse sin excepciones ni privilegios.
En un país marcado por la violencia, la prioridad debería ser la seguridad de los ciudadanos, no la protección de quienes deberían rendir cuentas. De lo contrario, México corre el riesgo de normalizar un modelo donde el poder se blinda y la sociedad queda expuesta.