Acusa que los lineamientos sobre el Derecho de las Audiencias buscan imponer censura, proteger al oficialismo y silenciar las denuncias contra presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado
Por Félix Muñiz
La confrontación entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la oposición escaló un nuevo peldaño luego de que el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, respondiera con dureza a las afirmaciones de que la oposición carece de un proyecto político.
Lejos de esquivar el señalamiento, el legislador panista Ricardo Anaya lanzó una acusación frontal: “Claro que tenemos proyecto y nuestro proyecto incluye sacar a los narcopolíticos de Morena del gobierno”.
La declaración se produjo en medio del rechazo panista a los lineamientos sobre el Derecho de las Audiencias, impulsados por el Ejecutivo federal, los cuales, para el legislador queretano Anaya Cortés, representan un intento disfrazado de controlar la información y convertir al Estado en árbitro de la verdad.
El senador sostuvo que las nuevas disposiciones otorgan a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones facultades para decidir qué información puede considerarse verdadera o falsa, abriendo la puerta —afirmó— a sanciones económicas capaces de asfixiar a medios de comunicación incómodos para el poder. Las multas, recordó, podrían alcanzar hasta el uno por ciento de los ingresos de un concesionario, una medida que calificó como una amenaza directa contra la libertad de expresión.
Desde la óptica del dirigente parlamentario, el discurso oficial de proteger a las audiencias es únicamente una fachada. Aseguró que el verdadero propósito de los lineamientos es blindar políticamente a Morena, impedir que periodistas y opositores denuncien presuntos actos de corrupción o posibles vínculos de integrantes del partido gobernante con el crimen organizado y fomentar un ambiente de autocensura.
La respuesta de Ricardo Anaya también fue dirigida a la narrativa presidencial de que la oposición únicamente critica sin ofrecer alternativas. El panista sostuvo que sí existe un proyecto político y que éste pasa por combatir la impunidad, recuperar los contrapesos institucionales y denunciar lo que considera una creciente concentración de poder en manos del oficialismo.
Las declaraciones elevan el tono de una disputa que trasciende el debate técnico sobre el Derecho de las Audiencias y coloca sobre la mesa un conflicto mayor: el papel del Estado frente a la libertad de expresión y la crítica al poder. La oposición sostiene que cualquier regulación que permita al gobierno intervenir en los contenidos de radio y televisión constituye un precedente peligroso para la democracia.
Mientras el Ejecutivo insiste en que los lineamientos buscan proteger los derechos de las audiencias y combatir la desinformación, las palabras de Anaya reflejan el nivel de confrontación política que vive el país.
Su acusación de que el proyecto opositor consiste en retirar del gobierno a los presuntos “narcopolíticos de Morena” endurece aún más el debate público y anticipa una batalla política que marcará el rumbo hacia las elecciones de 2027, con la libertad de expresión y la rendición de cuentas como ejes centrales de una discusión que promete intensificarse.