Demanda que la gobernadora de Baja California pida licencia inmediata y denuncia un doble rasero en el tratamiento de las acusaciones contra funcionarios de Morena
Por Félix Muñiz
La polémica en torno a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, escaló de nivel luego de que el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya Cortés, lanzara una ofensiva política al exigir que la mandataria estatal sea investigada por el delito de traición a la patria, al considerar que las revelaciones sobre presuntos audios representan uno de los episodios más delicados para la seguridad nacional.
En entrevista, el legislador panista Ricardo Anaya sostuvo que los hechos atribuidos a la gobernadora de Morena no pueden minimizarse ni ser descartados sin una investigación formal.
En un tono severamente crítico, Anaya Cortés afirmó que la propia mandataria ya reconoció la autenticidad de los audios difundidos públicamente, en los que presuntamente se aborda el retiro de su visa estadounidense y conversaciones relacionadas con información obtenida en las mesas de seguridad.
Para el líder de la bancada del PAN en el Senado, la gravedad del caso radica en que, según su versión, Marina del Pilar habría ofrecido compartir información confidencial del Estado mexicano con el propósito de obtener impunidad, conducta que calificó como una posible violación a la ley y un atentado contra los intereses nacionales.
“Eso en español se llama traición a la patria”, sentenció Ricardo Anaya, al insistir en que la Fiscalía General de la República debe abrir de inmediato una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El senador también cuestionó la postura del Gobierno federal, al considerar que existe una contradicción entre las declaraciones emitidas desde la conferencia matutina de Palacio Nacional. Señaló que, mientras por un lado se afirma que no está claro con quién conversa la gobernadora en los audios, por otro se le exonera públicamente sin que exista una investigación oficial.
Anaya acusó además un supuesto doble criterio en la aplicación de la justicia. Comparó el caso de Marina del Pilar con situaciones en las que funcionarios de oposición han sido señalados por presuntamente recibir información de agencias estadounidenses para combatir al crimen organizado, hechos que —afirmó— fueron catalogados como traición a la patria.
En contraste, sostuvo que cuando las acusaciones recaen sobre una gobernadora emanada de Morena, el Gobierno federal evita actuar con el mismo rigor, lo que, a su juicio, evidencia un uso político de las instituciones.
Por ello, Ricardo Anaya reiteró dos exigencias concretas: que Marina del Pilar Ávila Olmeda solicite licencia inmediata para separarse del cargo y que las autoridades federales realicen una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley. El caso, advirtió, pone a prueba la imparcialidad de las instituciones y el compromiso del Estado con la rendición de cuentas.