Señala a las presidencias de la Mesa Directiva del Senado por no concluir el trámite constitucional de una reforma aprobada en 2024
Por Félix Muñiz
La reforma constitucional para establecer salarios mínimos profesionales a policías, médicos, enfermeras, maestros, soldados y elementos de la Guardia Nacional permanece sin entrar en vigor, pese a que fue aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, denunció Rubén Moreira Valdez, coordinador de los diputados del PRI. El legislador acusó a las autoridades del Senado de obstaculizar el procedimiento y calificó la situación como un “fraude al Estado de derecho”.
Durante una conferencia de prensa este 27 de octubre, Moreira sostuvo que la iniciativa, presentada originalmente por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, obtuvo el respaldo de las cámaras federales y de los 32 congresos locales antes de concluir ese año.
Sin embargo, según el priista, la declaratoria de constitucionalidad no se ha formalizado, por lo que el decreto no ha sido enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, los trabajadores contemplados en la reforma continúan sin recibir los beneficios salariales previstos.
Moreira responsabilizó públicamente a los expresidentes de la Mesa Directiva del Senado Gerardo Fernández Noroña y Laura Itzel Castillo, así como al actual titular, Higinio Martínez, de no concluir el trámite correspondiente. Sus señalamientos constituyen acusaciones políticas que requieren contrastarse con la documentación legislativa y las explicaciones oficiales del Senado.
El coordinador priista dimensionó el impacto económico de la reforma con dos ejemplos: afirmó que médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social perciben alrededor de 13 mil pesos de salario tabular, mientras que policías municipales reciben entre ocho mil y nueve mil pesos mensuales, en promedio. De acuerdo con su interpretación de las reglas aprobadas, ambos sectores podrían alcanzar un salario de 20 mil pesos.
No obstante, la aplicación efectiva de esos montos depende del contenido definitivo del decreto, sus disposiciones y los mecanismos presupuestarios correspondientes, aspectos que deben revisarse para determinar el alcance real del beneficio.
El diputado también cuestionó el silencio de dirigentes sindicales que respaldaron públicamente la iniciativa y ahora, dijo, no exigen su entrada en vigor. La crítica apunta a una contradicción entre el respaldo político expresado durante el debate legislativo y la falta de resultados concretos para los trabajadores.
Como medida de presión, Moreira anunció que el PRI presentará una moción suspensiva para impedir que avance la discusión del Presupuesto hasta que se publique la reforma. Asimismo, informó que entregó una nueva solicitud a la Mesa Directiva del Senado para exigir la declaratoria de constitucionalidad.
El caso plantea una cuestión institucional relevante: si la reforma cumplió todas las etapas legislativas, corresponde esclarecer por qué permanece pendiente. Más allá de la confrontación partidista, los ciudadanos necesitan conocer los documentos, las responsabilidades y los plazos que expliquen la demora de una medida que promete mejorar los ingresos de trabajadores esenciales para el país.